¿Se deben modificar las atribuciones constitucionales de las Fuerzas Armadas y Carabineros?

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El Director Ejecutivo de Fundación Chile 21 estima que es irresponsable evaluar el rol de Carabineros y las FFAA durante la pandemia, sin al mismo tiempo considerar el factor político “si bien se ha instalado que se mandan solos o actúan con total autonomía, tras ello hay decisiones políticas”. Continúa, explicando que de la misma forma en que el gobierno ordenó la instalación de las FFAA durante el estallido social, su actuar bajo la pandemia también responde a un marco político.

“Los grados de autonomía con los que estas instituciones cuentan son producto de las concesiones y el poder que se les ha otorgado bajo una Constitución que les protege y cubre de manera desproporcionada. En paralelo, gran parte de las situaciones de violencia a las que se ven enfrentados, son resultado del fracaso de políticas sociales y económicas, junto con mensajes irresponsables por parte de la autoridad”.

Argumenta que los mecanismos de control civil no son los adecuados y son la herencia de un marco constitucional que ha equiparado, en ciertos aspectos, a las FFAA y Carabineros, lo que se ha traducido en “poder y blindaje”. Para Vergara, durante décadas diversos gobiernos han delegado la labor de seguridad interior, en lo normativo y operativo, como “un fierro caliente a estas instituciones y usándoles como fronteras de control social para barrer la inseguridad desde algunos territorios profundizando la desigualdad”.

Todo esto, según Vergara, sería parte de un “diseño y doctrina de seguridad que privilegia mantener el orden sobre la seguridad de las personas y se sustenta en cifras y territorialidad centrada en un grupo de delitos”. El cientista político explica que estas instituciones son deliberantes (aunque la Constitución lo prohíbe expresamente) porque pueden hacerlo y debido a que nadie los quiere gobernar.

Señala que, a pesar de que la pandemia se transformó para Carabineros y las FFAA en un “tanque de oxígeno para volver a vivir tras el estallido social”, su rol se apega a instrucciones políticas y sus atribuciones. “No olvidemos que Carabineros, hasta la llegada del primer caso del virus estaba fuertemente cuestionado por casos de brutal abuso policial. Pero a pesar de todas sus crisis, un mes más tarde volvía a repuntar en aprobación”.

Para él, la tregua que experimenta Carabineros es peligrosa porque “en la práctica la institución no ha cambiado en nada”. Señala que la reforma a Carabineros sigue atascada y con cada situación de “violencia y caos, como en El Bosque, La Legua y otros territorios”, la institución vuelve a su lógica de poner el orden público por sobre la integridad de las personas y la resolución de conflictos.

Estima que a medida estas situaciones vayan aumentando “volveremos a ver una policía incapaz de prevenir y controlar en el marco del respeto de los DDHH y en consecuencia un nuevo aumento de la violencia”.

Sin embargo, a su consideración, el debate constitucional abre una oportunidad para abordar el rol de estas instituciones. “Estas están protegidas por un manto constitucional que hace que los cambios sean prácticamente imposibles y una coraza de protección política que impide siquiera llegar a ese manto”. Esto, para Vergara, se traduce en autonomías que van “desde su presupuesto, la libertad de uso de recursos, las garantías de secreto, el diseño de su despliegue, pasando por sus mecanismos de evaluación interna hasta la justicia misma”.

De esta manera, el cientista político estima que el punto de partida del debate constitucional “debe ser la redefinición de la seguridad, el cuestionamiento al perfil militar de Carabineros y el rol que en nuestro país deben tener las FFAA”.

Contenido publicado en: La Tercera