El escenario es paradójico. Vivimos en un país donde el mismo Presidente de la República se sube a un helicóptero a perseguir ladrones de vehículos, donde se controla la identidad de miles de personas -principalmente de sectores vulnerables- con baja efectividad, donde se comunican planes de prevención para escolares en una cadena nacional, anunciando una guerra contra las drogas y donde se nos quiere hacer creer que la seguridad depende de la voluntad de aplicar mano dura. Paralelamente, una funcionaria de Correos de Chile entra caminando, tranquilamente, a una comisaría de Carabineros para entregar una bomba enviada por terroristas, que luego explota mientras otra iba en camino con el objetivo de asesinar a un exministro del Interior. Pareciera que el constante show de la seguridad ya nos está pasando la cuenta.
Tras los recientes atentados con paquetes bomba, la primera conclusión es que hemos aprendido bastante poco. Pareciera que el ataque terrorista en el SubCentro el 2014, pasando por el atentado al presidente de Codelco, a transeúntes en un paradero de Vicuña Mackenna y hasta el dirigido al presidente del Metro, no han sido suficientes para aprender.
Lo segundo es que la responsabilidad política de que hoy tengamos un sistema de inteligencia que no está acorde a las necesidades del país, es transversal. Esto se explica de manera similar a la problemática de la seguridad ciudadana. Mientras los sectores conservadores han implementado, sin éxito, políticas populistas, efectistas y pensando que con la sola voluntad de aplicar mano dura es suficiente, los sectores ligados a la izquierda se han restado del debate y han limitado su accionar a criticar desde la galería o apretar los dientes para aplaudir lo que se hace.
Más que seguir rehenes del panfletero populismo de la mano dura, la obsesión por lo reactivo o la omisión por miedo, lo que el país necesita es avanzar hacia una nueva institucionalidad para la inteligencia. La Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) requiere de una modernización urgente, que considere los verdaderos desafíos globales como punto de partida, forje personal con experiencia que no dependa de los gobiernos de turno para seguir en su puesto, profesionalice sus estructuras mirando a los más altos estándares internacionales, sin dejar a un lado el conocimiento local y que, por sobre todo, logre generar una cultura donde el trabajo de inteligencia deje de estar asociado al espionaje político o la supervigilancia de actores menores como los secundarios o agitadores sociales de la calle, para pasar a abordar las verdaderas amenazas físicas y digitales que nos hacen vulnerables hoy y mañana.
En el caso de la inteligencia, los primeros la han subestimado, pensando erradamente que solo es suficiente perseguir y aumentar penas para que este tipo de hechos no ocurran; los segundos -sin ser capaces de superar el trauma del uso de la inteligencia durante la dictadura-, simplemente se han restado del debate con un silencio cómplice.
En consecuencia, Chile hoy no cuenta con la inteligencia que permita prevenir que hechos como los que vimos la semana pasada vuelvan a ocurrir. La poca inteligencia que se hace está fraccionada y cada institución maneja con celos su información, como si esto se tratara de una competencia.
Por lo demás, el amateurismo con el que enfrentamos contingencias de este tipo es meramente reactivo, entregando en bandeja la posibilidad para que estas acciones puedan ser llevadas a cabo con relativa tranquilidad. Llegamos tarde, cuando ya es bastante poco lo que se puede hacer. En este aspecto, es perfectamente factible, al tener en cuenta solo el tiempo que pasó entre que las bombas entraron al sistema de correos hasta que llegaron a sus destinos, que los autores podrían haber ya estado fuera del país.
Por esto mismo es que vimos a un Presidente que, con desesperación y un alto grado de irresponsabilidad, salió a mandar señales de que algo se estaba haciendo. Se aprovechó del momento para pedir apoyo a las reformas a la Ley Antiterrorista, justificó la participación de militares en labores de seguridad y, al día siguiente, desplegó 4.500 carabineros en un operativo contra los portonazos. Todas estas acciones son, centralmente, mediáticas y poco y nada tienen que ver con prevenir acciones terroristas. Además, al abusar de estos hechos para empujar agendas mezquinas, el Gobierno perdió la oportunidad de unir al país en torno al desafío que nos plantea el terrorismo.
Como si fuera poco, el mal manejo político y comunicacional de la crisis, junto con la ya depreciada confianza en una institución como Carabineros, generó incluso que nacieran teorías de montaje. Esto es grave, ya que no solo erosiona el rol del Estado, sino que por sobre todo juega a favor de quienes quieren instalar miedo y terror en la ciudadanía. Mientras el terrorismo se debería enfrentar desde la unidad nacional, quienes deberían estar tras ellos siguen enfrascados en peleas inconducentes.
Más que seguir rehenes del panfletero populismo de la mano dura, la obsesión por lo reactivo o la omisión por miedo, lo que el país necesita es avanzar hacia una nueva institucionalidad para la inteligencia. La Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) requiere de una modernización urgente, que considere los verdaderos desafíos globales como punto de partida, forje personal con experiencia que no dependa de los gobiernos de turno para seguir en su puesto, profesionalice sus estructuras mirando a los más altos estándares internacionales, sin dejar a un lado el conocimiento local y que, por sobre todo, logre generar una cultura donde el trabajo de inteligencia deje de estar asociado al espionaje político o la supervigilancia de actores menores como los secundarios o agitadores sociales de la calle, para pasar a abordar las verdaderas amenazas físicas y digitales que nos hacen vulnerables hoy y mañana.
Una nueva ANI necesita entregarle al país, sus policías e instituciones ligadas a la seguridad, nuevas capacidades preventivas y la información necesaria para que hagan bien su trabajo. Por último y aprovechando el conocimiento adquirido tras las crisis policiales, esta institucionalidad debe ser creada con mecanismos de control civil. Es posible hacer inteligencia de cara a la ciudadanía, respetar los Derechos Humanos y ser efectivos. Este es el gran desafío que debería liderar el Presidente.
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