Control preventivo de identidad

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Datos y Evidencia

En Chile hoy existen dos tipos de controles de identidad: el que exige la existencia de indicios de delito y permite registrar vestimentas y vehículo; y el control preventivo de identidad que permite que las policías controlen la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en vías o espacios públicos y en lugares privados de acceso público.

Durante el 2017, en Chile hubo 2.880.059 controles preventivos de identidad, mientras que en 2018 ascendieron a 4.818.074. Un 2.9% y un 2.2% respectivamente, terminaron en detenciones, cifras que hablan de un alarmante grado de ineficiencia y del mal uso de recursos policiales. En rondas masivas, donde hay mayor focalización, se realizaron 556.260 controles de identidad, con un 6.5% de efectividad (2018). Durante el mes de marzo del 2019, el presidente Piñera anunció el ingreso de un proyecto de ley para reformar el control preventivo de identidad. Las modificaciones incluyen ampliar el control preventivo a menores de edad y ampliar atribuciones de registro. Sin embargo, la participación de menores en delitos como robo con violencia o intimidación ha descendido significativamente en los últimos 10 años con una baja del 31,1% de adolescentes entre 14-17 años, aprehendidos. El porcentaje de aprehendidos entre 14 y 17 años por delitos de mayor connotación social ha descendido de un 17,3% en 2008 a un 11% en el 2018 (Ministerio del Interior).

Por otro lado, la participación de adolescentes en delitos como robo con violencia o intimidación también ha bajado significativamente en los últimos diez años con una baja del 31,1% de adolescentes entre 14-17 años aprehendidos (Ministerio del Interior y Pensamiento Penal).

En países como Inglaterra –uno de los países con la policía mejor reputada del mundo- y Estados Unidos, los controles de han sido profundamente cuestionados no sólo por ineficientes, sino también por discriminadores. En  EEUU los controles de identidad requieren de “una sospecha razonable”.

Claves

  1. No hay evidencia que sustente que el control de identidad a menores de edad genere impacto positivo sobre la seguridad. Es más, de acuerdo a expertos y organizaciones internacionales, esta práctica incluso genera más violencia e impacta negativamente sobre la confianza de menores hacia las policías.
  2. En la discusión del año 2016 de la “agenda corta anti-delincuencia”, UNICEF denunció que los controles a menores de 18 años  refuerzan estereotipos y estigmatizan a sectores de la población. “La prevención de los delitos no pasa por el aumento de controles o de penas, sino que por la inversión en políticas sociales donde la educación juega un rol central” (UNICEF).
  3. El control de Identidad a menores de 18 presenta problema de constitucionalidad, al: (1) No ajustarse a la Convención de Derechos del Niño, y (2) Constituir una discriminación arbitraria en contra de este sector de la población, vulnerando el principio de igualdad ante la ley.
  4. Investigar para detener y no detener para investigar. Este es el debate central respecto a la entrega de nuevas herramientas a las policías. Es necesario mejorar la capacidad investigativa y, sobre todo, elevar la eficacia de la labor pública de seguridad. Ampliar el control preventivo es contraer la responsabilidad investigativa de nuestras policías y derrochar valiosos recursos. 
  5. Evaluar antes de profundizar. Ya contamos con 33 meses de acumulación de datos respecto al control preventivo de identidad: urge evaluarlo. Esto exige transparentar variables asociadas a discrecionalidad del despliegue; efectividad en condenas; seguimiento; desagregación por género; edad; geolocalización; nacionalidad; etc. Se desconoce el nivel de eficiencia del trabajo policial, no existen datos desagregados sobre qué se hace y de qué maneras.
  6. Acción  temprana más que mano dura tardía. Si la preocupación real es la participación de menores en actividades delictuales debemos abordar sus causas, no sus consecuencias. Hoy hay cerca de 360 mil niños excluidos del sistema escolar, el 30% de las familias no envían sus niños al jardín y persiste la falta de inversión por parte del Estado para asegurar un acompañamiento eficaz a menores de 18 años en procesos de rehabilitación.
  7. De la pesca milagrosa al trabajo focalizado e inteligente. Desde marzo del 2018 el trabajo policial en terreno ha profundizado la lógica de la pesca de arrastre. Con rondas policiales masivas altamente ineficientes y la entrega de nuevas facultades, el proceso  premia las cifras por sobre la calidad. Necesitamos trabajo de inteligencia que permita maximizar el recurso policial.
  8. Policías, recurso escaso que, mandatado por ley a cumplir  gran diversidad de funciones, debe priorizar las más urgentes. Por ejemplo, actualmente Carabineros no tiene capacidad para fiscalizar las medidas de protección dictadas en favor de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (VIF) o de notificar a los imputados por estas causas, afectando todo el proceso penal.
  9. Ciertamente, el control preventivo de identidad tiene alto apoyo en las encuestas. La dirigencia política debe hacer responsables distinciones en el uso de encuestas: aun cuando –en caso de ser metodológicamente rigurosas- sean un instrumento válido para recoger parte de la demandas ciudadanas, esto no significa que de allí se desprendan las soluciones técnico-políticas óptimas desde la política pública.
  10. Mejoremos nuestras policías antes de entregarles nuevas atribuciones. Es sumamente razonable avanzar en mejoras, particularmente, de Carabineros que claman por una modernización y un proceso de recuperación de las confianzas.