Ricardo Mena Burgos, Sociólogo, Investigador del Observatorio de Derechos y Gobierno Digital de Chile 21
Las fronteras entre lo público y lo privado se vuelven muy finas, o a veces difusas, cuando los Gobiernos trabajan su estrategia digital. ¿Cuánto gasta el Estado en la seguridad de los datos? ¿Está almacenando información en nubes controladas por privados? ¿Qué garantías hay que esa data no será usada por los privados para otros fines? Estas interrogantes, vinculadas a la Transparencia en los procesos de digitalización, requieren respuestas que deben entregarse al planificar una estrategia digital pública, y en el diseño e implementación de la misma.
Se han realizado muchos análisis y diagnósticos sobre lo que falta y lo que debería hacerse para diseñar e implementar exitosamente una estrategia digital, uno de los mayores desafíos de nuestras alicaídas administraciones públicas en el siempre inconcluso proceso de modernización. Si bien hay casos muy exitosos, como el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) o la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), estos aún son casos aislados, ante una generalidad de instituciones públicas que ha pasado por procesos fallidos o abandonados.
¿Qué pasa con los esfuerzos por la implementación de procesos de digitalización? Un factor clave para responder esta pregunta es la relación público-privada en procesos públicos de modernización digital. El sector público tiene un doble rol: es consumidor y regulador de los alcances, y de los avances tecnológicos. Esto quiere decir que, en muchos de los procesos de toma de decisión sobre usos e implementaciones tecnológicas, el Estado actúa como “juez y parte”, dejando un espacio para que los privados puedan influir en regulaciones o procesos. Ello deja un punto ciego en materia de transparencia, que se debe abordar en el diseño e implementación de una estrategia digital.
Las fronteras entre lo público y lo privado se vuelven muy finas, o a veces difusas, cuando los Gobiernos trabajan su estrategia digital. Los dilemas sobre protección de datos personales de millones de personas, almacenamiento de información, seguridad, infraestructura, entre otros temas, son factores relevantes a considerar, y sobre todo de transparentar. ¿Cuánto gasta el Estado en la seguridad de los datos? ¿Está almacenando información en nubes controladas por privados? ¿Qué garantías hay que esa data no será usada por los privados para otros fines?, y una pregunta clave en términos de gasto público: ¿Comprar o construir/diseñar? Estas interrogantes, vinculadas a la Transparencia en los procesos de digitalización, requieren respuestas que deben entregarse al planificar una estrategia digital pública, y en el diseño e implementación de la misma.
Hay un sinnúmero de factores externos a lo digital en sí que deben ser parte fundamental de esta estrategia, en especial cuando se encuentran involucradas grandes sumas de dinero público. Dentro de estos temas, está el de la relación del Estado con los actores privados. Se deben considerar las influencias del gobierno, que pueden y han sido ejercidas sobre la gestión y desarrollo de la tecnología y la innovación. Por contrapartida, el sector privado cuenta con la experiencia en el uso de las aplicaciones tecnológicas en las políticas públicas y en las prácticas de gestión públicas, y debiera poder aportar perspectivas constructivas sobre cómo se pueden desarrollar las acciones gubernamentales que agreguen valor a lo público.
Muchas veces las estrategias no cuajan porque en realidad no son estrategias, sino que sólo un conjunto de objetivos de corto, o a lo más, mediano plazo; también porque la administración pública funciona en base a objetivos y prioridades que deben necesariamente seguir procedimientos regulados y establecidos. Sin embargo, para abordar el tránsito a lo digital es necesaria una estrategia que vaya más allá de un mapeo sobre cómo digitalizar, sobre cómo hacer un mejor delivery o simplemente sobre cómo agilizar procesos.
¿Qué hacer?
Esta relación público-privada debe definir claramente el tipo de proyecto a desarrollar, evitando confundir focos entre hacer negocios y hacer políticas públicas, poniendo delante el valor público y beneficio ciudadano. Si el Estado quiere (y debe) hacer una estrategia digital sustentable, tiene que estar consciente de su rol y de cómo las políticas públicas en esta área influyen la formulación y aplicación de la tecnología comercial y las estrategias de innovación en todo el sector de desarrollo tecnológico.
En este sentido, los espacios para ejercer lobby informal por parte de privados, debe ser evitado, poniendo el foco en la gestión con valor público, ya que todas estas influencias pueden crear la necesidad de soluciones tecnológicas o impedir el desarrollo de otras. Del mismo modo, el sector público puede introducir incentivos en el mercado, mediante la promoción o eliminación de políticas y programas específicos.
Aun cuando las regulaciones son la principal influencia pública sobre el desarrollo comercial de tecnología y sobre los procesos de, también se influye a través de los contratos y subvenciones estatales a desarrollos tecnológicos, para su aplicación en programas y servicios públicos. Es por esto que la transparencia en distintos niveles de la estrategia digital pública debe constituir un pilar principal en el diseño e implementación de lo digital en los organismos públicos.
La principal misión del Estado es desarrollar políticas públicas de calidad que beneficien a sus ciudadanos. Las oficinas que cumplan la misión de ser cerebros, diseñadores e implementadores digitales, deben impregnarse del ethos público. Esto implica actuar como centros elaboradores de políticas y promotores y aseguradores de derechos, conscientes de que su misión no es ser una mera plataforma de negocios.