En cadena nacional el presidente Piñera anunció una “poderosa y renovada agenda social”, que incluye importantes medidas de alivio a los grupos más postergados pero cuyo impacto efectivo es bajo. El problema crucial de la Agenda es que no renuncia a impulsar las contra reformas que constituyen el corazón del programa de Gobierno, y que sin duda ha dado las espaldas a las demandas de cambios sustanciales en el sistema de AFPs, rechaza la reducción de la jornada de trabajo para mejorar las condiciones laborales y ha evitado crear las condiciones para un aumento del financiamiento público que permita mejorar la salud, la educación y las pensiones. Se trata de una serie de subsidios, algunos importantes, pero carentes de una mirada de largo plazo.
En el horizonte se dibujan dos escenarios posibles. En el primero, el gobierno persiste en su programa, lo que implica un claro interregno y una agudización de la crisis. Ello pues las posibilidades de aprobar sus proyectos se han desdibujado aún más por el rechazo reciente de Fuad Chahin a apoyar la reintegración tributaria y, a insistir, en una reforma más importante del sistema de AFPs. En el segundo, la oposición logra inducir al gobierno a retirar su proyecto de reintegración tributaria, manteniendo las medidas compensatorias, lo que permitiría abordar la crisis política de corto plazo y abrir un horizonte de superación de los problemas estructurales, y convencer al ejecutivo de cambiar sustancialmente el proyecto de pensiones para mejorar las expectativas de los actuales y próximos jubilados.
La nueva agenda social
La agenda social representa un importante aumento del gasto fiscal, que se estima en 1200 millones de dólares, y representa un déficit que se sumaría a los menores ingresos fiscales que incluye la reforma tributaria presentada por el Gobierno. La única medida que aumenta dichos ingresos es la creación de un nuevo tramo de 40% en el Impuesto Global Complementario (no está claro si este tramo se creará también para el impuesto de Segunda Categoría) que generaría ingresos de US$ 160 millones (cifra que se reduce significativamente de aprobarse la reintegración tributaria). Entre las medidas contempladas destaca el aumento de 20% de la Pensión Básica Solidaria (PBS) que beneficia a casi 600 mil pensionados y del Aporte Previsional Solidario (APS) que beneficia a 945 mil pensionados. En los años 2021 y 2022 se aumentarían tanto el PBS y el APS para los mayores de 75 años, sin que se indique el monto. Se habla también de un aporte fiscal al ahorro previsional de la clase media y las mujeres en un monto que no se determina y que favorecería a 500 mil mujeres.
Otra iniciativa incluye medidas en salud al crearse un Seguro de Enfermedades Catastróficas que buscaría asegurar un techo al gasto de salud de las familias y un seguro que cubre gasto en medicamentos no cubiertos por el GES o la Ley de Ricarte Soto.
¿Por qué el programa difícilmente contendrá la crisis?
Para evaluar las posibilidades de éxito de estas medidas sería necesario contar con un diagnóstico preciso de la crisis que afecta al país, cuestión que naturalmente resulta difícil a estas alturas. No obstante, es posible adelantar algunas hipótesis explicativas. La explosión social no responde sólo a una irritación con la política de la actual Administración, representa una acumulación de malestar creciente frente a la desigualdad multidimensional que afecta al país y a una experiencia cotidiana de abuso. En relación con lo primero, la desigualdad es manifiesta en la educación, en la salud, en las pensiones, en la infraestructura social y la disponibilidad de servicios públicos y privados disponibles entre las comunas. Las diferencias en materia de ingreso se expresan en un índice de Gini en torno al 0,5 que no mejora significativamente luego de considerar los ingresos y las erogaciones fiscales. Destaca, también la alta concentración de la riqueza: según el estudio de López, Figueroa y Gutiérrez el 1% más rico concentra el 35% de la riqueza en el país. En lo relativo al abuso, es una sensación que se sufre cuando se compra en el supermercado, cuando se tramita interminablemente un reclamo, cuando se enfrenta la colusión y los abusos de las empresas, cuando se constata corrupción en los servidores públicos y los políticos.
No obstante, las causas de larga data de la crisis, es evidente que el programa del actual Gobierno no contribuyó a reducir estas tensiones pues pretendió “modernizar Chile” a partir de las convicciones de la derecha: mantener el modelo en sus líneas matrices (que sea el “mercado”, esto es los grandes empresarios los que determinan nuestra matriz productiva, altamente concentradora, con baja capacidad de generar nuevas actividades productivas en particular aquellas intensivas en conocimiento).
Del mismo modo, buscó revertir la reforma tributaria de Bachelet que, pese a sus limitaciones, elevó la recaudación aumentando el impuesto corporativo, limitó el monto que los empresarios podían deducir al pagar sus impuestos personales y potenció la capacidad fiscalizadora del SII. Piñera impulsó además un proyecto de reforma de pensiones que mantenía incólume el actual poder de las APFs, ignorando el problema fundamental del sistema privado de pensiones: su total falta de legitimidad. Finalmente, ha priorizado la flexibilidad laboral, sin jugársela por una demanda básica: mejorar las condiciones laborales mediante la reducción de la jornada semanal de trabajo a 40 horas. Persistir en estas contra reformas es además grave, pues estrecha la posibilidad de que las diversas oposiciones confluyan con el gobierno para superar la crisis actual.
Más allá de lo anterior, la nueva agenda social deja en evidencia significativos problemas que dificultan superar la crisis. En efecto, siendo importante el aumento de 20% de la PBS y APS (que representa un aumento importante respecto del 10% que estaba dispuesto a conceder el gobierno a partir de enero siempre y cuando se aprobara su proyecto de reforma previsional) deja a la PBS en una cifra de 132 mil pesos aproximadamente, lo cual implica un aumento diario de 733 pesos, cuestión que naturalmente no va a permitir resolver los problemas de los adultos mayores. Tampoco parece probable que se logre el apoyo de los pensionados pertenecientes a los grupos medios, pues el Gobierno sigue rechazando iniciativas propuestas por la oposición que subirían significativa y rápidamente las pensiones de esos sectores. Nos referimos a la creación mediante aporte fiscal de un seguro para la cuarta edad y una contribución adicional de 1 o 2 puntos del aporte patronal que se pueda utilizar en el aumento de las pensiones de los actuales y próximos jubilados. Algo similar se puede señalar respecto del Ingreso Mínimo Garantizado. En efecto, no son solo los cerca de 700 mil trabajadores que ganan el salario mínimo los que están afectados por una gran irritación, sino que la mitad de los trabajadores chilenos que ganan un sueldo igual o inferior a 400 mil pesos mensuales. Más aún, según la Fundación Sol 7 de cada 10 trabajadores ganaba en el 2018, 554 mil pesos.
La crisis social que vive el país, por tanto, afecta a una parte sustancial de los sectores medios, que tienen un crecientemente protagonismo político. Su malestar, en consecuencia, no puede encararse con medidas compensatorias y subsidios como las que ha puesto en marcha el gobierno, sino con reformas de fondo, como las que está poniendo la oposición en el tablero.
Cabe señalar, finalmente, que la Agenda gubernamental propone anular el aumento del 9,2% de las tarifas eléctricas y la intervención de FONASA para que, mediante acuerdos con las farmacias, pueda reducirse el precio de los medicamentos. A todas luces debe emprenderse con profundidad y participación ese camino, en un país saturado con decisiones de presuntas mesas técnicas.
Si bien contamos con servicios públicos por sobre la media de América Latina, como son las empresas de generación y distribución eléctrica, las empresas de agua potable (que con sus fallas recientes han contribuido al malestar ciudadano), concesionarias de obras públicas, de telecomunicaciones, lo cierto es que las tarifas son muy superiores a las de rentabilidades razonables. Superar este problema exige una inflexión en la regulación de los servicios públicos a cargo de privados, lo cual es complejo dada la proximidad del gobierno y de personas de la antigua Concertación a estas empresas.
Contenido publicado en La Mirada Semanal.
