El primer trimestre del gobierno de José Antonio Kast (marzo–junio de 2026) revela una administración que eligió la velocidad sobre la consolidación, asumiendo costos políticos tempranos en la búsqueda de una transformación acelerada del modelo de Estado. El resultado es una brecha significativa entre la ambición del relato oficial y la consistencia de la gestión efectiva. En política, el gobierno instaló con éxito la narrativa de emergencia que movilizó su campaña, pero no logró traducirla en gobernabilidad estable. La Ley de Reconstrucción Nacional avanzó en la Cámara con una mayoría circunstancial, pero su tramitación en el Senado enfrenta un escenario más incierto. La salida prematura de dos ministras clave como Sedini en SEGEGOB y Steinert en Seguridad, reveló desequilibrios profundos en el diseño del gabinete, mientras la aprobación presidencial cayó 17 puntos entre marzo y mayo antes de recuperar terreno parcialmente tras el cambio de gabinete. La oposición, por su parte, consolidó la obstrucción legislativa como su estrategia dominante sin ofrecer una agenda propia, contribuyendo a un bloqueo mutuo cuyo costo lo paga el sistema político en su conjunto.
En economía, los indicadores del trimestre contradicen las expectativas con que el mercado recibió al nuevo gobierno. El PIB retrocedió 0,5% respecto al mismo período de 2025, el desempleo alcanzó el 9,1%, su nivel más alto en cinco años y la Cepal proyecta un crecimiento anual que no supera el 2%, muy por debajo del 4% prometido en campaña. La eliminación del Mepco trasladó el shock de los combustibles al mercado interno, presionando la inflación y erosionando el poder adquisitivo de los hogares. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió que el Plan de Reconstrucción Nacional generará déficits fiscales al menos hasta 2031, con un costo estimado de US$1.800 millones anuales en régimen, concentrando el 79,1% de sus beneficios tributarios en el 1% de contribuyentes de mayores ingresos. En seguridad, el trimestre estuvo marcado por conflictos institucionales, recortes presupuestarios revertidos y la ausencia de un plan formal reconocida por la propia ministra saliente. Los logros más significativos del período -la Operación Tokio y el decomiso histórico en Arica- son atribuibles al fortalecimiento acumulado de la Fiscalía y las policías, institucionalidad que trasciende los gobiernos de turno.
En política exterior, el gobierno consolidó un realineamiento con Occidente que redujo el margen de maniobra de Chile en un escenario internacional donde China sigue siendo un socio estratégico insoslayable. El retiro del apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU rompió una convención histórica de política de Estado, mientras la gestión del cable submarino con China dejó al país en una posición incómoda frente a ambas potencias. El alineamiento ideológico con Washington no produjo trato diferenciado favorable en materia arancelaria, y el respaldo a Israel generó tensiones diplomáticas inéditas tras la captura de ciudadanos chilenos en misiones humanitarias. El trimestre cierra con tres preguntas abiertas que definirán la trayectoria de la administración: si el gobierno es capaz de modificar su estrategia legislativa de cara al Senado; si la oposición logra trascender la obstrucción; y si la caída sostenida de aprobación produce algún ajuste real en el estilo de conducción presidencial.