En este reportaje analizamos las causas y manifestaciones de la violencia y cómo se ha naturalizado como medio de relación social para la resolución de conflictos, en un contexto de pluralidad de crisis, donde el ser humano está en un estado permanente de incertidumbre con instituciones tensionadas que más que resolver el problema, lo agudizan.
Conmoción generó la muerte de Anthony, un niño de 5 años que fue alcanzado por una bala en la población Las Aralias, comuna de Padre Hurtado cerca de las 20:30 horas del martes, luego que un auto abriera fuego frente a la casa de sus padres, dejando heridos a dos adultos. Anthony falleció media hora más tarde en el SAMU de Santa Rosa, a pocas cuadras de su casa.
42 días antes, el 24 de octubre, en el mismo SAMU fallecía Sabrina Durán, líder de una banda de narcotraficantes que los medios de comunicación bautizaron como “Ina, la Narco Reina”, quien murió desangrada luego de ser acribillada a plena luz del día por una supuesta banda rival en una calle de Padre Hurtado. Si bien Anthony como Sabrina tienen historias diametralmente distintas, sus muertes son consecuencias, según dijeron las autoridades, de ataques por “ajuste de cuentas”.
«Hace 30 años atrás, en este mismo lugar, el Presidente Aylwin recibió la noticia de que había sido asesinado Jaime Guzmán”, dijo el miércoles el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, a la salida de La Moneda, refiriéndose al magnicidio del senador y fundador de la UDI a manos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
Las declaraciones de Carter se dan a dos días de que anunciara “emergencia comunal” en La Florida, propuesta que contempla el reclutamiento de civiles y 100 ex funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Fuerzas Armadas para apoyar el trabajo de seguridad.
Mientras algunos aplauden la medida adoptada por el alcalde, -siguiendo el ejemplo de su par de La Reina, José Manuel Palacios-, otros critican el “populismo punitivo” del edil, ya que, para algunos, este tipo de propuestas no apuntan precisamente a la eficacia del sistema de justicia, sino que instrumentalizan el dolor de las víctimas y sólo buscan calmar y aprovechar el temor de la población.
“Sabemos que existen delincuentes que son muy peligrosos. Hemos visto que se ha venido reiterando el hecho de que cuando van a ser controlados atropellan a carabineros o se enfrentan a disparos. ¿No les va a ocurrir eso a nuestros funcionarios que son civiles? ¿Qué vamos a hacer después de que eso pase?”, dijo el concejal de La Florida, Reinaldo Rosales.
El concejal emplazó al alcalde a “dejar la preocupación por las encuestas y por los votos” y poner “un poco más de seriedad en la toma de decisiones”. Por su parte, el contralor Jorge Bermúdez le quitó el piso a la medida de Carter. “No existe tal cosa y los Estados de Excepción son los que están dispuestos en la Constitución. Los alcaldes por cierto no tienen esas facultades de gobierno para hacerlo”, dijo a CNN Chile.
Según la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENSUC) del Instituto Nacional de Estadísticas, el nivel de victimización llegó a un 21,8%, incluso más bajo que las cifras registradas durante la pandemia, donde alcanzó un 23,6%, los números más bajos en 20 años. Lo que sí subió fue el nivel de temor de la población, que alcanzó un nivel histórico del 90,6%.
Violencia, desigualdad y descrédito institucional
El FPMR, al que hace referencia Carter, también fue el responsable del secuestro a Cristián Edwards, hijo del fallecido dueño de El Mercurio, hecho que motivó la creación de la Fundación Paz Ciudadana, conocida por encuestas de percepción de temor y delincuencia. El Índice Paz Ciudadana 2023, publicado en octubre, arrojó un aumento de la percepción de inseguridad, pero bajos índices de victimización.
Según el “Primer Informe Nacional de Homicidios Consumados”, elaborado por el Centro Nacional para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), la tasa de homicidios pasó de 4,5 en 2018 a 6,7 en 2022, ubicando a Chile entre los países con menos homicidios de América Latina y el Caribe, donde el promedio alcanzó los 19,9 cada cien mil habitantes en el año 2021.
“Si nos comparamos con América Latina somos una tasa de leche. Todavía tenemos los índices de criminalidad más bajos. Chile se sitúa alrededor de los 7 homicidios por cada 100.000 habitantes versus 40 que tiene Venezuela”, dice Daniel Grimaldi, director ejecutivo de la Fundación Chile 21.
Si bien la cifra de homicidios ha ido en aumento, para el también director del Laboratorio sobre Violencias y Gestión de Conflictos, el fenómeno de la violencia tiene varios factores, donde se entrecruzan expectativas no cumplidas, frustración y un sistema que no cuenta con las herramientas para hacer frente a la crisis, sumado a la falta de legitimidad que hace que la ciudadanía deje de acudir a ellas para la resolución de conflictos y opte por otros caminos que están, en algunos casos, fuera del marco legal.
“La psicología social dice que la violencia se expresa en sociedades que tienen una brecha amplia entre las expectativas y la frustración”, dice Grimaldi. El ejemplo más claro sobre esa combinación de frustración y violencia es la Revolución Francesa, donde la extrema pobreza del pueblo y los lujos obscenos de quienes vivían en el Palacio de Versalles hizo que los franceses tomaran la violencia como herramienta de emancipación y decapitaran a Luis XVI y a María Antonieta, poniendo fin a la monarquía y los privilegios del clero y la nobleza. Alguien que supo capitalizar ese sentimiento de frustración hacia la clase dominante, el que aumentó durante la pandemia, fue Javier Milei, quien, con un discurso con alto nivel de violencia verbal y con una motosierra como símbolo, llegó al poder en Argentina con la promesa de terminar con la “casta”.
Para el director ejecutivo de Chile 21, hay tres pilares para explicar el fenómeno de la violencia: el funcionamiento de las instituciones, la brecha entre expectativas y frustración y el nivel de tolerancia a la violencia que tiene cada sociedad.
Postura similar que tiene Mauro Basaure, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES). “En los países más desiguales y con menor capacidad institucional para procesar conflictos, hay más protestas sociales en las que se ven involucradas la violencia y enfrentamientos”.
En el Informe Anual del Observatorio de Conflictos del COES, que analizó manifestaciones sociales de la última década, arrojó que tanto las protestas de 2011 (Movilización estudiantil), 2016 (No+AFP) y 2019 (Estallido Social), la principal causa de los ciudadanos para movilizarse fue por los salarios, seguido por las condiciones laborales. Todo esto en un contexto de un profundo descrédito de las instituciones a raíz de casos como el Milicogate, Pacogate, Penta y SQM, caso Karadima, caso La Polar, HidroAysén, colusión de los pollos, farmacias y el confort.
Toda esa lista, sumada a declaraciones desafortunadas de ministros que subestimaban la frustración de una parte de la ciudadanía y ponían a prueba su tolerancia, desencadenó la violencia sin precedentes que se vivió en las calles de las principales ciudades del país durante octubre y noviembre de 2019.
