Por Daniel Grimaldi
La reciente crisis en el suministro de energía eléctrica debe hacernos reflexionar sobre la realidad energética tanto nacional como global. Aunque el temporal pasado fue excepcionalmente duro, ya deberíamos estar mejor preparados para enfrentar eventos climáticos extremos. Es evidente que algo no estamos haciendo bien. Nuestra democracia se está mostrando cortoplacista e ideológicamente irracional al abordar temas importantes. Si bien hemos avanzado con un plan de desarrollo energético, es necesario reforzar el rol del Estado en sectores estratégicos.
Chile es líder mundial en producción de energía solar, y nuestro progreso hacia la descarbonización es significativo. Sin embargo, los hogares no han percibido los beneficios de estos avances: la electricidad sigue siendo cara y el servicio, deficiente. Aunque generamos mucha energía solar, aún carecemos de la infraestructura para almacenarla y distribuirla eficientemente y su uso se limita a grandes empresas, lo mismo sucede con la eólica y las perspectivas del hidrógeno verde no son distintas. La licitación de 2016, que buscaba aumentar la competencia y reducir las tarifas, si bien fue una buena idea que dio dinamismo al sector, no logró las reducciones de tarifas esperadas ni las inversiones necesarias en infraestructura para enfrentar eventos como los que acabamos de experimentar. Esto es inaceptable, considerando que Chile es un país sísmico que debería contar con infraestructura a toda prueba.
El modelo energético chileno se ha desarrollado con una fuerte orientación hacia el mercado, con incentivos para que los privados inviertan en nuevas y antiguas fuentes de energía. El rol del Estado ha sido principalmente regulador, y aunque esto ha servido para impulsar el desarrollo energético en una primera fase, hoy el modelo es insuficiente. El problema actual no es solo de regulación y no se resuelve con mayores multas a las empresas, necesitamos que el Estado sea un socio estratégico con participación directa en la industria energética. Esta es la mejor manera de alcanzar seguridad energética, soberanía nacional, continuidad en los servicios y mitigación de fallos del mercado. Además, un avance en estas áreas requiere una gran inversión a largo plazo, que no siempre resulta atractiva para los privados y donde el rol del Estado es crucial.
Una asociación mixta público-privada resguardaría mucho mejor los intereses de los chilenos en materia de energía, al igual que lo hacen países como Alemania, Suecia, Finlandia, Francia, Noruega, Australia, Japón y Corea, y aunque en menor medida, también Estados Unidos y el Reino Unido. El modelo predominante es mixto, no es necesario ser maximalistas ni estatistas; debemos encontrar un equilibrio. Ignorar las ventajas de la participación del Estado en sectores estratégicos, en un contexto de desafíos globales, es mirar la vida de manera ideológicamente irresponsable; debemos hacerlo mejor.
Daniel Grimaldi
Director Ejecutivo Fundación Chile21.