Nota en La Tercera sobre nuestro proyecto Monitor de Seguridad
¿Cuánto ha golpeado el covid-19 al personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros que está desplegado en las calles desde que el gobierno decretó estado de emergencia? ¿Qué rol tienen las mujeres al interior de cada institución? ¿Se siente más seguro con la presencia de militares y policías en las calles durante la pandemia?
Estas son algunas de las preguntas que busca responder el proyecto Monitor de Seguridad que ejecuta desde el 1 de junio la Fundación Chile 21 a través del financiamiento de la Open Society Foundation, y que busca generar la primera base pública de big data relacionada a la labor policial con variables sociales, económicas y de seguridad.
El proyecto apunta a convertirse en un insumo en el marco de la discusión legislativa del proyecto de modernización de las policías y, según explica el director ejecutivo de Chile 21, Eduardo Vergara, también para el proceso constituyente.
“Necesitamos mejor información y evidencia que pueda alimentar los debates constitucionales para lograr un nuevo marco que permita policías democráticas, transparentes y por sobre todo bajo un real control civil”, señala.
La iniciativa se basa en experiencias de monitoreo de la actividad policial en EE.UU. y Europa. Y para llevarla a cabo en Chile, Open Society aportó 75 mil dólares para el primer año de funcionamiento.
El objetivo posterior es levantar proyectos espejo en Colombia y México. Es por eso que la iniciativa tiene un consejo consultivo compuesto por expertos internacionales. Participan también como parte del consejo asesor del proyecto la académica Lucía Dammert, el ex subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, y el abogado y consejero del INDH, Salvador Millaleo, entre otros.
Encuestas y red de municipios
El trabajo de sistematización de decenas de bases de datos de las policías partió el 1 de junio a través de un equipo de cinco profesionales destinado para esa labor por la fundación Chile 21, los que trabajarán coordinados con una red de municipios a nivel nacional. Por ahora hay 20 gobiernos locales adheridos a la iniciativa, entre ellas han sido invitadas comunas como Recoleta, La Cisterna, Valparaíso, Coquimbo y Talagante.
Parte fundamental de la información será recogida a través de encuestas mensuales,las que generarán un índice de evaluación sobre policías y seguridad y que se aplicará 1.800 personas.
Hoy se inició la primera medición en terreno y en ella se incluyeron preguntas sobre la percepción ciudadana respecto de la labor que han cumplido los uniformados en terreno durante la crisis ocasionada por el coronavirus. El sondeo de este mes pregunta específicamente sobre la percepción de seguridad en los barrios desde que se instauraron medidas para combatir el coronavirus como la cuarentena total o el toque de queda.
Los resultados de la encuesta, el trabajo en territorios y las bases de big data estarán disponibles en la web del El Monitor, en una plataforma de datos abiertos.
Solo en los primeros 15 días se enviaron cerca de 40 solicitudes de transparencia a Carabineros, la PDI, FFAA y el Gobierno.
En el proyecto además trabajarán grupos y territorios en contacto con las policías como el Barrio Yungay, y otros barrios de mayor complejidad, y organizaciones que tienen contacto con policías en manifestaciones, marchas y eventos deportivos.
“El proyecto se basa en la generación de información pública para entregar evidencia y generar transparencia, contribuyendo no solo a la seguridad, pero por sobre todo a que tengamos mejores policías. Por lo mismo, el trabajo será directo con territorios afectados y movimientos sociales que se relacionan con las policías. Además, en base a una red de 20 municipios que nos permitirán conocer las realidades del territorio junto con entregar asistencia a sus departamentos de seguridad”, explica Vergara.
El director de Chile 21, exdirector de la División de Seguridad Pública del segundo gobierno de Michelle Bachelet, sostiene que “Chile tiene la urgente necesidad de mejorar la gestión de las policías en base a datos, evidencia y políticas responsables, no por medio de ideologías de mano dura, cálculos políticos y dogmas basados en intuición como lo hace hoy el gobierno”.
Sobre el punto también plantea que “en esto la amplia izquierda tiene que hacer un mea culpa, ya que delegó la seguridad pública a las policías, renunciando a una responsabilidad pero por sobre todo generando un manto de independencia e impunidad”.
Vergara asegura que el proyecto que hoy impulsa Chile 21 será un insumo necesario de cara a la discusión legislativa y de cara a un eventual segundo estallido social posterior a la pandemia.
“Ahora, con el aumento de penas a quienes infringen las medidas sanitarias, el resultado será que seguiremos llenando la cárcel de pobres, alimentando círculos viciosos de criminalidad, mientras los que más tienen pagarán multas que terminan siendo un chiste para ellos. Esa señal que muchos creen mandaron al endurecer penas seguirá profundizando la inseguridad y la desigualdad”, añade.