Resulta aventurado e irresponsanble instalar una victoria cuando la encuesta de seguridad fue aplicada durante el estallido social.

chevron

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de la página web de la Subsecretaría de Prevención del Delito, ha dado a conocer hoy jueves los resultados de la encuesta ENUSC 2019 donde destacan una baja en la victimización de hogares llegando al 23,3%. Si bien la cifra en si misma es positiva, lo prudente y responsable es analizar si esos datos se vieron afectados por el estallido social iniciado en octubre, dado que coincide con el periodo de aplicación de la encuesta. Antes de instalar una visión triunfalista la autoridad debe aclarar cómo fue aplicada la encuesta en tiempos de crisis, y si la encuesta representa de manera suficiente a todos los territorios y hogares del país, que conocen muy bien la realidad delictual que les aqueja diariamente.


Este periodo estuvo marcado por el estallido social y una serie de sucesos de delincuencia y violencia que cambiaron dramáticamente el despliegue de seguridad, los índices de violencia y por sobre todo la realidad de ciertos territorios. Esto nos obliga a contextualizar el trabajo en terreno de esta encuesta y las implicancias que la realidad tuvo sobre este.


La primera pregunta es ¿Cómo se vio afectada la muestra cara a cara tomada para esta encuesta? ¿Cuáles fueron las limitaciones e impacto que generaba en esos mismos momentos el estallido social que estaba en pleno desarrollo? ¿En cuales lugares se dejó de aplicar la encuesta producto de manifestaciones populares? Es así que se hace tremendamente relevante analizar el despliegue y detalles metodológicos de la muestra, junto con variables que podrían haber influido en la percepción de la ciudadanía. Nacen otras preguntas: ¿Cómo afectaron los toques de queda sobre la muestra? ¿Cuáles fueron las diferencias entre regiones con o sin toque de queda?. 


Es además pertinente, destacar que mientras esta encuesta habla de una reducción en la victimización de hogares, al mismo tiempo arroja un aumento en la percepción de inseguridad. El 82% asegura que la delincuencia aumentó durante el 2019, aumentando en 5,2 puntos en comparación al 2018. Esto es un contrasentido que nos pone la alerta sobre la credibilidad de los datos de tan importante instrumento.


En la breve ficha técnica publicada junto a la encuesta, se habla de estudios realizados “para evaluar la calidad de las estimaciones considerando el impacto de los indicadores operativos” debido al estallido social. Estos estudios y estimaciones requieren ser transparentados para evaluar de la forma correcta estos resultados.


Por último, cabe destacar que las cifras de Carabineros de Chile señalan que, durante este mismo periodo, el país vivió un aumento significativo en los robos con violencia e intimidación, por ejemplo, entre octubre y diciembre de 2019 este delito se incrementó en 29%, valores que siguieron aumentado hasta febrero de 2020, alcanzando casi un 40% de aumento respecto del mes de octubre de 2019. Esta violencia desatada en los robos, sólo comienza a bajar durante el mes de marzo con la llegada de la pandemia del coronavirus.


Conocemos el interés político que tiene el Gobierno de mostrar buenos resultados, pero antes resulta responsable aclarar estos aspectos y por sobre todo aclarar cuestionamientos a la metodología. En un país donde la desigualdad se manifiesta con mayor claridad sobre la seguridad y donde usualmente se celebran los promedios que ocultan la cruda realidad que se vive en los territorios más vulnerables generando un subsidio de seguridad a los más privilegiados, urge mayor claridad. Es peligroso cantar victoria en base a una encuesta. Particularmente porque esto influye sobre estrategias y decisiones que afectan particularmente a los más vulnerables.”

Eduardo Vergara B., Director ejecutivo de la Fundación Chile y ex Jefe de División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior.