Existe acuerdo en los diferentes sectores políticos de la necesidad de caducar la concesión de ESSAL. El Presidente de la República no puede eludir sus responsabilidad. Decenas de miles de osorninos no tuvieron acceso a agua potable durante 11 días. No hubo catástrofe natural alguna que permitiera justificar el colapso en la prestación de servicio.
Parece imposible negar que ESSAL no haya incurrido en la causal a) del artículo 26 a) de la Ley General de Servicios Sanitarios para declarar la caducidad de la concesión: ‘condiciones de servicio no corresponden a las exigencias de la ley’. A ello se suman ‘errores’ de información a las autoridades y a la ciudadanía. Lo que fue presentado como ‘falla humana’ es desmentido por la declaración, ante la PDI del único funcionario a cargo de la planta en el momento que ocurre el incidente, que revela una situación miserable de las instalaciones y de los protocolos de seguridad.
Esto es evidencia clara de que la Concesionaria no estaba cumpliendo la letra b) del artículo indicado referente al programa de desarrollo. Cabe recordar que la controladora de ESSAL es Aguas Andinas, que en el 2016 fue responsable de la rotura de una matriz en Providencia que causó la interrupción del servicio y graves daños a vecinos del sector.
La declaración de caducidad no es suficiente; los problemas de ESSAL son sólo un síndrome de dificultades que se arrastran en el sector. Es necesario reformar el marco legal. El informe emitido por la Cámara de Diputados a raíz de los incumplimientos de Aguas del Valle identificó como problemas a resolver indefiniciones institucionales, insuficiente ‘accountability’ de la Superintendencia, insuficiente protección de los derechos de los usuarios y mecanismos limitados de participación ciudadana en procesos tarifarios y control de gestión de los prestadores.
Se determinó, además, la necesidad de revisar los procedimientos de fiscalización, con inclusión de parámetros para determinar la gravedad y reiteración de las infracciones, la regulación de los precios de transferencia entre las empresas sanitarias y sus empresas relacionadas; la obligatoriedad de de ejecutar las inversiones requeridas y mayores multas por estos incumplimientos proponiendo la reestructuración del régimen concesional ampliando las facultades del Presidente de la República para decretar la caducidad de la concesión.
A esto se suman los reiterados señalamientos respecto a que existiría utilidades extraordinarias no justificadas. En el contexto del cambio climático y de los problemas que se anuncian respecto del abastecimiento futuro de agua, una revisión legal a fondo del sector (incluido el Código de Aguas, que se separa radicalmente de las legislaciones comparadas) es indispensable.
Problemas similares aparecen en otros sectores regulados. En el Senado se ha presentado un proyecto tendiente a reducir la rentabilidad de las empresas de distribución eléctrica. Se ha llamado la atención sobre que, habiendo aumentado la demanda de autopistas, resulta injustificable que se cargue la mano al usuario tanto por el reajuste anual del 3,5% real como con la aplicación de la tarifa de congestión, ambas medidas concebidas al inicio del sistema como protección frente al riesgo de bajos flujos vehiculares. Las altas rentabilidades de la AFP apuntan en la misma dirección.
Conviven así quejas por mala calidad de servicio con altas tasas de rentabilidad. Luego de décadas de operación de los servicios privados cabe una revisión global de su funcionamiento.
Contenido publicado en El Financiero.