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Resumen Ejecutivo
Chile es uno de los pocos países de la OCDE sin un mecanismo para evaluar inversiones extranjeras por razones de seguridad (investment screening). La carencia tiene un costo en la relación con nuestros socios, que revisan las inversiones que reciben y esperan lo mismo de sus contrapartes, y otro en soberanía ya que el país no tiene cómo saber, antes de que una operación se concrete, si compromete funciones que necesita proteger. Cuando el Estado no se hace esa pregunta, otros la responden por él, como mostró la controversia del cable chino Valparaíso-Hong Kong en 2026.
El tema llega a contrapelo. Chile se integró al mundo facilitando la inversión y hoy su agenda apunta a reducir permisos, por lo que el screening aparece ante sus críticos como una barrera más. Estados Unidos, en tanto, lo exige con el propósito de cerrar el paso al capital chino y proteger su hegemonía. Para un país cuyo primer socio comercial es China y el segundo Estados Unidos, un mecanismo diseñado con esa lógica equivaldría a alinearse.
La pregunta de fondo es, entonces, quién decide qué es estratégico para Chile. Desde la perspectiva del no alineamiento activo, el screening puede constituir un requisito institucional, pero tiene condiciones que Chile aún no cumple. Le falta una estrategia de seguridad nacional que defina qué proteger y una capacidad de inteligencia económica. Además, ningún procedimiento librará al país de la presión de las potencias. Lo que ofrece es la posibilidad de decidir con evidencia propia.
La experiencia comparada muestra que estos sistemas bloquean pocas operaciones, porque su principal efecto es disuasivo, y que pueden servir a fines muy distintos: el interés nacional en Australia y Canadá, la seguridad acotada en el Reino Unido, Países Bajos y Japón, o la competencia entre potencias en Estados Unidos y China.
Proponemos legislar ahora y condicionar la operación plena del mecanismo a una Estrategia Nacional de Seguridad Económica. Recomendamos además un procedimiento acotado y rápido, coordinado con la Ley de Autorizaciones Sectoriales; criterios iguales para todo origen; una institucionalidad separada de la promoción de inversiones; mitigación antes que prohibición; transparencia y control democrático; y una política de diversificación que reduzca las dependencias del país.