Pese a los esfuerzos de la oposición, el gobierno no ha estado dispuesto a un diálogo que conduzca realmente a una reforma tributaria con amplio acuerdo. Desde un inicio hubo consenso en la oposición desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio que el proyecto, al reintroducir la integración reducía la carga tributaria de los más ricos; constituía un retroceso desde el punto de vista redistributivo, también recaudatorio pues la reducción de la carga tributaria no era compensada en medida alguna por la factura digital y otros tributos menores. También se coincidía en la inconveniencia de introducir una nueva reforma estructural sin haber dado tiempo siquiera de evaluar el impacto de la reforma del 2014. Se llamaba la atención, que el sistema tributario para la PYME propuesto por el proyecto, la obligaba a mayores y complejos trámites.
Pese a lo anterior, la oposición accedió a instalar una mesa técnica que evaluara las posibilidades de llegar a un acuerdo. Luego de cuatro reuniones entre enero y febrero quedo en evidencia la imposibilidad de alcanzar un acuerdo. Por estas razones, los diputados Lorenzini, Nuñez, Monsalve y Schilling con el apoyo del grupo técnico opositor entregaron un documento en que se establecían las condiciones para aprobar la idea de legislar.
El petitorio de la oposición y la respuesta del Gobierno.
1. En el primer punto, la oposición afirmaba que la reintegración es regresiva, y que para aprobar la idea de legislar las modificaciones deben mantener o mejorar la progresividad y la recaudación. La respuesta del Gobierno es ampliamente insuficiente. En primer lugar fija, sin datos fundados, que el monto a compensar son US$ 275 millones, cuando las estimaciones señalan que la pérdida de ingresos alcanza la cifra de US$ 800 millones. El Gobierno afirma que los 275 millones sería lo que es necesario compensar pues el resto es pagado por la PYME (no hay antecedentes) y por las empresas extranjeras (pues esos pagos desaparecerían en la medida que se firmen tratados de doble tributación). Por otra parte, el Gobierno propone compensar la caída con el aumento del IVA a las plataformas digitales (el cual ha sido promovido por grupos empresariales y académicos de la Universidad Católica desde hace tiempo). No es esto lo que solicitaba la oposición pues se trata de un impuesto indirecto (en general regresivo) y que no es moneda de cambio valedera para aceptar la reducción de los impuesto directos. Finalmente el Gobierno propone “limitar el uso del “market maker” para efectos de impuesto a la ganancia de capital. Esta medida es muy acotada y no representa una real reducción de las exenciones de que goza dicha ganancia.
2. El documento de la oposición solicita corregir las barreras de acceso al 14 ter en lugar de crear un nuevo sistema y extender los beneficios hasta ingreso por UF 75 mil anuales. El gobierno rechaza esta medida e insiste en su propuesta de nuevo sistema aceptando solo introducir algunos cambios. La razón de fondo de esta negativa es que de aceptarse la propuesta de la oposición colapsa toda la argumentación a favor de la reintegración que supuestamente afectaría a muchas PYMES.
3. El documento opositor solicita incluir iniciativas que generen recursos frescos a los Gobierno Regionales. El Gobierno solo acepta que 1% del valor de los proyectos de inversión vaya a las regiones donde se ejecutan. Se trata de una medida interesante aunque insuficiente. Por otra parte, el gobierno no asume compromisos específicos respecto del financiamiento de las regiones.
4. Pese al rechazo que generaban en la oposición los cambios en la cláusula general antielusión que incluye el proyecto, accedió (de manera equivocada según mi opinión) a buscar una mejor redacción. El Gobierno si bien accede a ello, no propone nada específico y además, reitera la crítica formulando los mismos argumentos con que la ha rechazado: se trata de “evitar discrecionalidades arbitrarias” y dar “mayor certeza jurídica al contribuyente. Son estos los argumentos sobre los cuales está basado el esfuerzo por debilitar la cláusula. Esto es inaceptable. En tal sentido es indispensable que como condición para aprobar la idea de legislar, el Gobierno proponga un texto que se aceptado por la oposición.
5. La oposición propuso buscar alternativas más eficientes y directas para incentivar la inversión y el crecimiento a largo plazo, debiéndose eso sí compensar una eventual menor recaudación que estas medidas pudieran generar. Lamentablemente, la generalidad de la propuesta de la oposición ha sido aprovechada para que el Gobierno formule una respuesta que más allá de considerar la extensión del incentivo de depreciación, no se compromete a nada.
6. Finalmente, la oposición proponía eliminar la elevación del umbral de exención del IVA a la construcción pues favorece la compra de viviendas de muy alto valor. Proponía sustituir esa medida con el fortalecimiento de los programas de subsidio a la vivienda orientada a la clase media. El gobierno rechaza la propuesta y solo accede a reducir la exención parcial del IVA de UF 4000 a UF 3000.
Después de siete meses de debate, no parece conducente continuar esta discusión. El Gobierno tanto por convicciones como por las presiones del gran empresariado no está dispuesto a ceder lo necesario para un consenso. De ahí que lo más razonable es rechazar la idea de legislar.
En este contexto, parece razonable estudiar la propuesta de la Fundación Democracia y Desarrollo de un diálogo nacional para convenir una ley corta y una reforma estructural. La primera podría incluir un impuesto a servicios digitales, boletas electrónicas, carpeta electrónica que gozan de amplio consenso y podrían ser de rápido despacho. Para lo segundo, propone instalar una comisión convocada por los poderes Legislativo y Ejecutivo que inserte la discusión tributaria en el contexto de los grandes desafíos que enfrenta el país. En primer lugar la didminución del crecimiento tendencial, como efecto de que las actividades de mayor expansión de hace 3 décadas han alcanzado fase de maduración y las capacidades para impulsar la diversificación productiva presentan deficiencias importantes. Más aún, el crecimiento futuro deberá sustentarse en nuevas actividades, intensivas en innovación y talento humano, cuyo surgimiento requiere acciones coordinadas entre entidades públicas, universidades, empresas y la sociedad lo que exige del Estado mayores capacidades. En segundo lugar, una mayor inclusión social en un contexto de expansión de las clase media; plantea nuevas exigencias de financiamiento de los servicios públicos como la salud, la educación, la seguridad social y la vida en los barrios. Algo similar plantea los cambios en el trabajo, como efecto, en buena medida de los cambios tecnológicos.
De esta forma el país pasa de discutir un cambio tributario mirando al pasado a enfrentar los desafíos del futuro.
El contenido fue publicado en El Dinamo