Es curioso cómo el propio debate público evidencia síntomas de polarización. Ello es, sin duda, producto de una suerte de crispación, donde las afirmaciones son interpretadas, a veces antojadizamente, generando imposibilidad de diálogo y la búsqueda colectiva de salidas. La muestra más evidente de esto ha sido el tenso debate que se ha generado propósito de la evasión programada del pago en el Metro de Santiago.
Intentar explicar un fenómeno no implica necesariamente justificarlo. Así como la manifestación es un derecho básico de las democracias, la aplicación de sanciones también lo es cuando lo que está en juego es la amenaza al bien común. Dos ejemplos claros de esto son lo ocurrido esta semana con la destrucción de bienes públicos en el Metro y también con el amago de incendio en el Instituto Nacional. Ambos hechos tienen como denominador común que el daño generado implica la vulneración de derechos a ciudadanas y ciudadanos, muchas veces vulnerables y ese simple hecho es inaceptable.
No obstante, es un imperativo para quienes tienen cargos de autoridad y ejercen el poder, tener que desenmarañar la trama que hay tras este tipo de fenómenos para hacer diagnósticos adecuados que permitan enfrentar las crisis y no negar a priori su relevancia o alcance, porque es eso lo que amplifica su existencia. Pasó en el pasado con el movimiento de secundarios en 2006 y universitario en 2011, pero ha pasado también en nuestra historia con fenómenos como la “revolución de la chaucha” en 1949. La falta de anticipación, pero sobre todo, la falta de diagnóstico para generar respuestas claras, tiene un riesgo y también puede traer aparejados muchos costos.
Respecto a las protestas en el Metro, si bien hay cierta anomia en este fenómeno, por cuanto no es posible identificar una articulación o liderazgo nítido, lo cierto es que no deja de llamar la atención que en la calle y en distintas redes sociales haya quienes aplaudan esta manifestación en una suerte de reivindicación frente al abuso de poder y una rebelión contra la desigualdad, y que sea el propio sindicato de trabajadores de Metro el que haya dado su apoyo a la demanda, que por ahora es por el alza del pasaje, pero lentamente ha ido esbozando nuevas temáticas y reivindicaciones.
¿Es raro que ello ocurra en un país donde la percepción de la desigualdad, medida no solo a partir de la distribución del ingreso está instalada? Basta con mirar el estudio Desiguales de PNUD de 2017 para ver los alcances de esta percepción que se vive como formas de discriminación y donde las remuneraciones para la mitad de la población son menores a 400 mil pesos. Tampoco es extraño que una demanda de estas características se instale con cierta anomia en el diálogo con la autoridad, en un país donde la desconfianza en las instituciones se ha hecho presente de manera creciente. De hecho, no deja de llamar la atención que la satisfacción con la democracia esté en Chile en el 42% (Latinobarómetro 2017), donde el 79% de las personas señala que considera que las instituciones públicas son “corruptas” o “muy corruptas” (Estudio Nacional de Transparencia 2018) y donde el 54% cree que la corrupción ha aumentado en el último año (Transparencia internacional 2019). Ha sucedido muchas veces en la historia que fenómenos sociales que se incuban a partir de realidades que nos negamos a ver, finalmente nos explotan en la cara. Por cierto, esta es una hipótesis y habrá quienes nieguen este fenómeno y sostengan que hay otras interpretaciones posibles.
En cualquier caso, comprender los fenómenos sociales no es relativismo moral ni justificación, es lo que toda autoridad que quiera ejercer correcta y legítimamente su posición, debe hacer. Acusar solo de anomia y vandalismo a una expresión social que ha ido creciendo, puede limitar la capacidad de entender desde dónde y cómo encontrar caminos de salida. En esto, ¿qué dos lecturas puede haber?
Contenido publicado en La Tercera.