El empleo y el crecimiento han sido una de las prioridades de la actual administración y una de las esencias de la victoriosa campaña presidencial de Sebastián Piñera. Y sin entrar a sus múltiples causas, ha sido notorio el índice de desempleo al alza en algunas décimas porcentuales respecto del gobierno de Michelle Bachelet. La realidad en algunas regiones como Maule y Bío-Bío dan cuenta de un importante aumento del empleo a cuenta propia, que con razón ha preocupado a la ciudadanía.
Este golpe sensible ha puesto al descubierto también una soterrada pelea por estos indicadores entre el Banco Central y el Instituto Nacional de Estadísticas, aunque los expertos señalan que las diferencias entre ambos índices son marginales. Hace unos años, similar asunto se produjo en torno al censo nacional que terminó con una amarga disputa entre autoridades.
Resulta preocupante que los ministros del área económica se hayan valido de estas diferencias para desvirtuar esta tendencia alcista. La presión de los gobiernos por modificar o reinterpretar las cifras oficiales ha sido causa de grave perjuicio en otras economías de la región y por lo mismo, las señales que se dan al mercado sobre la fiabilidad del dato público deben ser claras y transparentes.
La claridad en los datos oficiales es uno de los pilares básicos de la economía y también de las políticas sociales. Ni la disputa abierta del Central le hace bien al entorno ni tampoco la reacción del ministro sectorial. No es extraño que la Comisión Engel haya propuesto a partir de la crisis de corrupción de 2015, un INE autónomo para aumentar la confianza en los mercados.
En la actualidad existe un proyecto de ley en actual trámite que sustituye la actual organización por un Consejo Nacional de Estadísticas de corte autónomo, además del ya vigente director designado por alta dirección pública. El nuevo órgano debe producir un dato público tan incuestionable que tenga la aptitud de orientar a todas las políticas públicas mediante la interoperabilidad de los diferentes sistemas informáticos. Y de la misma manera, debe establecer de antemano y detalladamente la diferencia entre la información pública y el dato sensible, terminando con la interpretación disímil en torno secreto estadístico.
Esta nueva institucionalidad requiere de dedicación urgente por parte del Ejecutivo y de los parlamentarios encargados para poner término a estas preocupantes señales. En tiempos de postverdad, el dato es realidad y quien contribuye a desmitificarlo, erosiona las confianzas y el comportamiento de los actores económicos.
Contenido publicado en The Clinic.