El relativismo histórico puede conducir al fascismo

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EL RELATIVISMO HISTORICO PUEDE CONDUCIR AL FASCISMO

La Fundación Chile 21 sigue de cerca y participa en los debates de la Convención Constitucional que debe concluir en una tarea de envergadura histórica: dotar al país de una Nueva Constitución paritaria y con representación de los pueblos originarios, emanada por primera vez de la soberanía popular. Es en ese marco que ponemos a disposición de la opinión pública este documento, con el propósito de contribuir a una discusión que ayude a acercar posiciones en temas que están muy presentes en nuestro debate, como en todas la sociedades: la libertad de expresión, los límites al negacionismo y la profundización de la democracia.

La Convención Constitucional aprobó el pasado 30 de septiembre sancionar el negacionismo entendiendo por tal “toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad a este”.

El mismo artículo aprobado, establece que también se entenderá como negacionismo “toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice las atrocidades y genocidio cultural de las que han sido víctimas los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente a través de la historia, durante la colonización europea y a partir de la constitución del Estado de Chile”.

Este es un debate relevante. El rechazo al negacionismo fortalece la cultura de los Derechos Humanos. Así lo han entendido países como Alemania respecto del holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. La defensa de la libre expresión no puede ser pretexto para negar violaciones graves y sistemáticas ocurridas y debidamente acreditadas por instancias nacionales e internacionales. En el caso de Chile esto es lo que ocurre con los crímenes cometidos por la dictadura militar que rigió al país entre septiembre del 1973 y marzo de 1990. Es también el caso de la política de exterminio a la cual fueron sometidos los pueblos originarios.

La definición de negacionismo, sin embargo, exige una definición extremadamente rigurosa. En el caso de Chile, un criterio básico para tal definición es la distinción de las circunstancias históricas cuando han ocurrido los hechos negados.

Una redacción que induzca a asimilar las violaciones a los derechos humanos en dictadura con las producidas durante el estallido, conlleva una seria distorsión histórica. Las violaciones que sufren las personas son graves en toda circunstancia y lugar. En esto no hay punto de discusión. La Fundación Chile 21 jugó un importante rol durante el periodo del estallido social evidenciando y condenando casos de brutalidad policial y violaciones a los derechos humanos, así como en entregar propuestas concretas para mejorar la labor policial y el rol del Estado, participando directamente en comisiones en el Congreso Nacional, La Moneda y cuanto espacio estuvo abierto para exponer ese punto de vista.

Más allá de una discusión técnica sobre la naturaleza a las violaciones a los Derechos humanos en una u otra circunstancia, los contextos históricos en los cuales las violaciones han tenido lugar son muy distintos. El golpe de estado de septiembre de 1973 y los 17 años de dictadura no son desde ningún punto de vista homologables al estallido del 18 de octubre y su posterior evolución.

Casi la totalidad de los actos de violencia institucional por parte de organismos del Estado, a partir del octubre de 2019, han sido debidamente denunciados y cubiertos por la prensa nacional e internacional. Por lo menos tres informes internacionales (Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Human Rigths Watch y Amnistía Internacional) consignaron graves violaciones luego del estallido. Igualmente ha sucedido con la violencia contra el pueblo mapuche en su lucha por su reconocimiento y dignidad.

El valor fundamental de la democracia se basa en el control que ejercen los órganos fiscalizadores, es decir el Parlamento y los Tribunales de Justicia, principalmente sobre aquellos a quienes se les entrega el monopolio de las armas y el uso de la fuerza. También la libertad absoluta de prensa para investigar e informar oportunamente. Nada de ello ocurrió en los largos años de la dictadura. Entonces si existió violación sistemática de los derechos humanos con miles de víctimas y el reguero de sangre, torturas, asesinatos, desapariciones, campos de concentración y exilio que sufrieron nuestros compatriotas durante casi dos décadas. El valor y coraje de aquellos que resistieron y lucharon por recuperar la democracia de manera pacífica, así como el de muchos otros que usaron diversos medios para terminar con los años de angustia, está registrado para siempre en las páginas que ya forman parte de nuestra historia como el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación publicado en 1991, conocido como Informe Rettig, o el de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, bajo el nombre de Informe Valech, dados a conocer en 2004 y 2011.

La mejor prueba de las diferencias entre la dictadura pinochetista y los 30 años de democracia -con las limitaciones que pueda tener- es que estamos escribiendo la primera constitución verdaderamente democrática como resultado de un plebiscito libre y soberano, donde casi el 80% de chilenas y chilenos lo votaron favorablemente. Al no distinguir nítidamente que se habla de procesos distintos, la acción de la Convención corre el riesgo de contribuir a la banalización de lo ocurrido en dictadura y minimizar la lucha heroica de miles de chilenos y chilenas durante 17 años.

No cabe duda que el gobierno actual instruyó operativos que terminaron en fuerte represión y brutalidad. Asimismo, es responsable de menospreciar los derechos humanos, de recurrir a la represión, evadir su responsabilidades sobre el actuar de las policías y la de reformar la institución, del aumento de la desigualdad, pero no es una dictadura y eso lo saben mejor que nadie quienes la sufrieron.

El sistema actual tiene fallas y algunas bastante profundas. Sin embargo, desconocer la tremenda lucha y avances que ha logrado el pueblo chileno para crear una institucionalidad democrática y defender la cultura de los Derechos Humanos, es favorecer la desesperanza o despertar una radicalización estéril, y ello puede llegar a ser peligroso.

Condenar el negacionismo, sin vulnerar la libertad de expresión, requiere formulaciones jurídicas precisas sobre el tipo de materias y los procedimientos legales a seguir en un estado de derecho. La experiencia internacional es una guía útil, en particular la surgida después de prolongados debates y reflexiones en Europa.

Una referencia histórica que nos parece pertinente compartir.

La dramática historia del siglo XX con dos guerras mundiales, los horrores cometidos por Hitler, Stalin, los gobiernos estadounidenses en Vietnam, Laos, Irak, Camboya, entre muchos otros, así como todas las dictaduras que han asolado a América Latina, deben ser el marco de referencia para no perder el horizonte de lo que son los legítimos debates en una sociedad democrática. Cuando el horror, como el vivido bajo la dictadura de Pinochet, no se trata con la claridad que merece, se puede terminar equiparando situaciones y momentos históricos muy distintos. Por ello vale la pena revisar también la historia y aprender de ella para no repetir errores.

En la llamada república de Weimar en Alemania, entre los años 1918 y 1933, luego de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial y el triunfo de la revolución rusa, se desarrolló primero un intenso debate ideológico entre comunistas y social-demócratas que terminó en una cuasi guerra civil entre ambos bandos en Berlín. Ahí se enfrentaban diariamente en las calles trabajadores contra trabajadores, mientras en las sombras crecían los grupos nacionalistas, chovinistas y racistas que abrirían las puertas al fascismo. Mientras tanto la Asamblea Constituyente de Weimar, aprobaba en 1919, la primera Constitución en el mundo que incorporaba el sufragio universal, , el derecho a la salud, a la seguridad social, a la educación, libertad religiosa y de expresión en lo que se llamó el “constitucionalismo social”. Sin embargo, los años de libertad duraron poco por la incapacidad de la política y de la izquierda, que era mayoría, para lograr acuerdos. Se produjeron crisis políticas permanentes y la economía se hundió, corroída por la hiperinflación, y se acrecentó el apoyo al nazismo que prometía orden y estabilidad. El resto es historia conocida. El terror, el exterminio y el negacionismo se hicieron normales, como ocurrió en los años de Pinochet.

Nos parece relevante traer a colación la importancia de definir cuando existe negacionismo.

El 19 de abril de 2007, a pocos meses de la última ampliación de la Unión Europea con la entrada de Rumanía y Bulgaria y de la condena de las Naciones Unidas el 27 de enero a toda forma de “holocaust denial”, los ministros de justicia de la UE lograron alcanzar después de muchos años de propuestas y resistencias sobre todo italianas, un acuerdo para una decisión marco relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia. En todo Estado miembros de la UE en el plazo de dos años deberían ser punibles las siguientes conductas:

  • Incitación pública a la violencia o el odio, por medio de la diseminación o distribución de materiales, dirigidos contra un grupo de personas o miembros de estos grupos que sean definidos por raza, color, religión, descendencia u origen nacional o étnico.
  • Condonar de manera pública, negar o trivializar crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra definidos por el Estatuto de la Corte Penal Internacional, dirigidos contra grupos de personas o miembros de estos grupos que sean definidos por raza, color, religión, descendencia u origen nacional o étnico, y crímenes definidos por el Tribunal de Núremberg dirigidos contra estos mismos grupos o miembros.

Chile 21, como institución pluralista y abierta siempre al debate democrático, invita a reflexionar sobre las consecuencias que tiene, para el futuro del país y generaciones venideras, desdibujar la real magnitud lo que representó la dictadura pinochetista, el quiebre de la institucionalidad democrática y la violación de todos los derechos, la imposición de un modelo económico, social y cultural que ha marcado por más de 30 años las vidas de chilenas y chilenos, y que hoy tenemos la posibilidad real de cambiar.

Santiago, 27 de octubre de 2020.

Directorio de la Fundación Chile 21.

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Chile21_Negaocionismo_Octubre-2021-vf