Por estos días, Chile es sede de la primera cumbre Prosur, donde se darán cita siete presidentes sudamericanos para, de acuerdo a lo que han declarado sus protagonistas, refrendar el compromiso con la libertad, los derechos humanos, la democracia, el desarrollo y la coordinación sudamericana de políticas públicas. Más allá de las críticas por la creación de una nueva burocracia regional, las dudas sobre la ideologización y la efectividad de una instancia como esta, parece al menos positivo que un conjunto de países que han tenido experiencias autoritarias hace apenas algunas décadas y que han enfrentado crisis políticas de considerable magnitud, pongan por delante la defensa a principios fundamentales. No obstante, a la luz de lo que ha sido la polémica por estos días, a propósito de la visita del Presidente de Brasil, y lo cuestionada que ha sido su figura desde la campaña y su posterior elección, es que vale la pena, al menos advertir, algunas de las contradicciones que se percibe en los principios fundantes de una instancia como esta.
En efecto, no han sido pocas las críticas que ha recibido la primera autoridad de Brasil a propósito de sus polémicos dichos sobre Pinochet, los derechos humanos y la homosexualidad, entre otros temas. A ello se suma, de acuerdo a datos recopilados por la ONG Ciudadanía Inteligente en sus primeros 80 días de mandato, seis ministros de Estado envueltos en causas judiciales y uno destituido por financiamiento ilegal de campañas, 92 noticias falsas, un número preocupante de femicidios, entre otras malas cifras. Por eso no es de extrañar que por estos días se anuncien una serie de protestas de distintas organizaciones de la sociedad civil y de partidos de la oposición, a lo que se suma la moción presentada por algunos parlamentarios del Frente Amplio que solicitan declarar a Bolsonaro como persona non grata y la decisión de los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado de no asistir al almuerzo que se ofrecerá en su honor en la casa presidencial. No cabe duda tampoco que esta alianza particular que ha decidido el oficialismo con el presidente brasileño ha generado también una fricción al interior de la propia coalición de gobierno, que ha dejado a un partido como Evópoli en una situación incómoda por este “giro a la derecha” que sus propios dirigentes han advertido.
En tal cuadro, la ecuación a resolver por la propia autoridad presidencial de Chile no es fácil. La defensa irrestricta a los derechos humanos y a los valores de la democracia supone no relativizar cuestiones tan relevantes como la apología del pinochetismo, que es una herida aún abierta en Chile. De hecho, apenas esta semana hemos conocido el fallo de la corte por el llamado “caso quemados”, ocurrido hace 32 años, donde se condenó a once militares por la muerte de Rodrigo Rojas de Negri y el homicidio frustrado de Carmen Gloria Quintana, uno de los muchos casos emblemáticos en materia de violación a los derechos humanos en nuestro país.
Por cierto, el cuadro plantea también un aprendizaje para los sectores de centro e izquierda en Chile, que hasta hace poco tenían una autoridad moral irrefutable en la defensa de los derechos humanos y la democracia, pero que indudablemente ha perdido terreno frente a lo tarde y confuso que se ha llegado sobre la situación que enfrenta Venezuela. Sin duda, la tarea en este sector es volver a enarbolar los principios que plantean la defensa de la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción a todo evento. De lo contrario, que duda cabe que serán otros los que se apropiarán de estas banderas que debieran ser un mínimo en la construcción de una sociedad donde no sólo en el discurso, sino que en la práctica, se defienda los valores de la democracia.
Contenido publicado en La Tercera.