El primer año de gobierno es siempre un proceso complejo y de ajuste. No solo es la oportunidad para asentar las promesas hechas en campaña, sino que también el momento en que se delinea la hoja de ruta de una administración. En Chile esto es particularmente importante, porque con periodos presidenciales de cuatro años y ciclos electorales cada dos, el tiempo transcurre particularmente rápido. Un breve balance de lo que ha sido este periodo y a propósito del cambio de concepto que pasó de “los tiempos mejores” a “Chile en marcha” nos permite hacer un modesto balance de la promesa inicial.
En efecto, la actual administración se instaló con la promesa de “tiempos mejores” e insistió desde el principio que lo que haría sería básicamente enmendar el rumbo de un país que supuestamente venía estancándose económicamente y donde una serie de reformas estructurales le habría generado un daño al país, que se buscaría, al menos enmendar. A poco andar, dicha consigna de los tiempos mejores ha sido reemplazado por un nuevo concepto “Chile en marcha”, de manera de lograr demostrar que desde distintos puntos de vista el gobierno está avanzando de manera relevante en sus promesas. No obstante, si miramos al menos tres ámbitos de la actividad gubernamental, no es claro hacia dónde realmente marcha el país y se hace difícil identificar un eje estructural desde dónde logrará ordenarse la labor presidencial.
El primero y más importante de esos ámbitos es sin duda la economía. El balance inicial estimaba que los bajos niveles de crecimiento y los niveles de desempleo heredados de la administración anterior requerían un impulso fuerte. Sin embargo, nos enteramos esta semana que las expectativas de crecimiento se han ido ajustando a la baja y que la tasa de desempleo -cosa aparte la insólita controversia con el INE- aumentó en 0,3% situándose en 6,8%. Esta es, sin duda, una cuestión de la máxima importancia para un gobierno de centroderecha y constituyó su principal promesa de campaña. Como si no fuera suficiente, se ha anunciado que el “entusiasmo veraniego” que pronosticaba una baja en el precio de los combustibles ya no será más, planteándose un escenario incierto para el próximo periodo y un impacto directo al bolsillo de las personas.
Segundo, la agenda internacional y su “venezualización”. Parto de la base de que no hay quien a estas alturas pueda defender la situación por la que atraviesa Venezuela y las atrocidades de la administración de Maduro, que incluye violaciones flagrantes a los derechos humanos. No obstante, una cosa es la política internacional basada en el multilateralismo para enfrentar crisis políticas y humanitarias de esta envergadura, y otra distinta es transformar esto en una cuestión de política interna, sobre todo después de un año donde Chile cambió su estrategia en materia internacional, absteniéndose del Pacto Mundial sobre Migración (firmado por 152 países) y del Acuerdo de Escazú sobre medioambiente. En tal cuadro, al menos la política internacional que había gozado del más alto prestigio y acuerdo transversal hoy tiene un eje articulador incierto.
Tercero, la agenda legislativa. Este año se anuncian debates de envergadura en la agenda con el Parlamento. Por lo pronto, la reforma tributaria y la de pensiones, más una serie de otros anuncios en materia de salud, educación, entre otros. La pregunta clave en este eje es cuánto prevalecerá la idea de mantener un piso de derechos mínimos para las personas y cuán importante serán las señales al mercado. Esto, por cierto, en el marco de entendimiento de un gobierno que no tiene mayoría y que se enfrenta a distintas oposiciones en el Congreso, lo que requerirá un manejo político relevante si quiere lograr avances sustantivos.
Sin duda quedan muchos otros temas fuera de discusión, pero los anteriores son solo una muestra que si esta administración requiere ser recordada por algo, debe pronto encontrar la brújula y construir un relato que le dé horizonte a su conducción y coherencia a su promesa inicial que hoy parece extraviada.
Contenido publicado en La Tercera