Bolivia vive una tragedia político y social de insospechadas perspectivas cuyo punto máximo se selló con la intervención de las FFAA pidiéndole la renuncia al ahora expresidente, Evo Morales y, con el asilo de éste y parte importante de su gabinete en México. Todo se inició a partir de la primera vuelta de la elección presidencial y parlamentaria el 20 de octubre pasado.
Primer acto: llevado el 83,76% de los sufragios emitidos, el candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales aventajaba a su más cercano perseguidor, el expresidente Carlos Mesa por 7,2% de diferencia (45,28% vs. 38,16%) faltando el 15% de las mesas a escrutar. La mesas faltantes eran del interior, del campo boliviano en donde generalmente gana por amplia mayoría el candidato del MAS.
Segundo acto: el conteo de los restantes sufragios se suspende por más de 20 horas tras las cuales el Tribunal Supremo Electoral da como ganador a Morales por sobre el 10,37% de su contrincante, diferencia necesaria para evitar un balotaje.
Tercer acto: la oposición encabezada en un primer momento por Carlos Mesa y por presidente del Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho, no reconoce estos resultados y agita la consigna de fraude electoral. Exigen de inmediato la salida de Evo Morales pese a que éste se allana a una auditoria electoral de la OEA señalando que si hay irregularidades en la votación estaba dispuesto a ira balotaje. Ambos líderes -en especial Camacho- llaman a movilizaciones permanentes contra el gobierno y a la insubordinación de las FFAA y de las policías.
Cuarto y la postergación de un último acto: la oposición boliviana desconoce el llamado a nuevas elecciones -incluso cuando Morales, luego del Informe de la OEA que señala irregularidades en la elección del 20 de octubre- se dispone a ir al balotaje. La oposición descarta toda salida democrática presionando a las FFAA para que “pidan la renuncia” al presidente en ejercicio. Evo Morales anuncia su dimisión con el objetivo de no poner en peligro a la ciudadanía boliviana a enfrentamientos armados entre sus partidarios y la belicosa y violenta derecha de ese país. El quiebre institucional es pésima noticia tanto para Bolivia como para la región latinoamericana. Evo abandona Bolivia en un clima de persecución y saqueos a la dirigencia máxima del gobierno destituido y al propio dimitido presidente Morales. En este interregno político se auto proclama como presidenta de la nación, la segunda vicepresidenta del Senado, JeanineÁñez que rápidamente nombra a sus ministros, todos blancos, ningún indígena y se reprime a la bancada del MAS en el Senado y en la Cámara de Diputados, no dejándolos entrar al palacio legislativo.
Colofón, por cierto, Morales tiene responsabilidades en esta grieta política que agudizó el clima político boliviano. No respetó los resultados del referéndum de febrero de 2016 donde se le impedía repostularse por cuarta vez a la presidencia de la nación. No dio posibilidades a otros líderes de perfilarse como sus sucesores. No le tomo el pulso a la protesta política que se expresa en los resultados de la primera vuelta de exigir balotaje y dio el pábulo a la consigna: fraude electoral. Quizás si se hubiese allanado de inmediato a llamar a una segunda vuelta electoral, la situación actual podría ser otra.
El quiebre institucional es pésima noticia tanto para Bolivia como para la región latinoamericana. Reactiva nuevamente el rol de los militares en la política, agudiza las contradicciones sociales y políticas en el país altiplánico, los movimientos sociales y buena parte de la ciudadanía seguidores de Evo y el MAS se movilizan constantemente denunciando la presidencia de facto de Áñez y de su gobierno.
Pero, en este escenario de profundas complejidades políticas y sociales se debería exigir la realización de nuevas elecciones lo antes posible y llamar a la restauración del orden democrático y constitucional. Son numerosos los países que han denunciado el golpe de estado en Bolivia; ni el presidente Piñera, ni Mauricio Macri se encuentran entre ellos. Organismos internacionales como la ONU y regionales como la OEA exigen el pronto restablecimiento del orden democrático e institucional y de respeto a los derechos políticos y humanos de los que ahora se sitúan en la oposición.