El triunfo de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales argentinas del 2015 parecía abrir un ciclo de dominio de la derecha en la región. Tres años y medio después, las PASOs dejan en evidencia no sólo una tremenda derrota electoral en que más del 60% de los ciudadanos repudia el gobierno sino que además, el fracaso rotundo de lo que aparecía como el principal activo del presidente Macri: su gestión económica.
Al finalizar el gobierno, su administración deja en evidencia que su gestión estuvo basada en un mal diagnóstico, en una política sustentada en la creación de la expectativa de que bastaba un gobierno “pro business” para enmendar el curso del país, en la creencia mágica de que alcanzando la estabilidad fiscal – aunque ello implicara que se duplicara en poco más de dos años la deuda externa y cayera el PIB – se resolverían los problemas estructurales de la Nación.
La gestión económica dejó claro el “error” de reducir los impuestos a los exportadores. Queda en evidencia un gobierno sin perspectiva estratégica que le impidió tomar en cuenta la posibilidad de un cambio en las condiciones de la economía internacional. Fracasa nuevamente un sector sin capacidad de gestión política y una actitud frívola frente a la población, que no entendió la vinculación entre política y economía, subestimó la capacidad de resistencia de los sectores medios y populares pensando que el apoyo mayoritario obtenido en el 2015 le confería “patente de corso”. El caso argentino es un llamado de atención los gobiernos de derecha de la región, incluido el chileno.
Una campaña presidencial demagógica: las expectativas positivas creadas sufren un fuerte golpe.
En la campaña presidencial del 2015, el entonces candidato presidencial Mauricio Macri prometió reducir la inflación desde 27,5% a 10% en dos años sin necesidad de ajuste; crear 1 millón y medio de puestos de trabajo en Argentina, entregar un millón de créditos hipotecarios; un país con pobreza Cero, terminar con el “cepo cambiario”, que los trabajadores que ganaban hasta 26 mil pesos mensuales estarían exentos del impuesto a las ganancias y bajar en un 10% los impuestos a la soja, entre otras medidas.
Ya en diciembre del 2016, el diario Clarín (duro opositor del gobierno de Cristina Kirchner) constataba que se habían incumplido 5 de esas promesas: 50 mil trabajadores más pasaron a pagar el impuesto a las ganancias; en el primer año de gobierno se perdieron 121 mil empleos formales; 1,2 millones de personas adicionales cayeron en la pobreza, el plan prometido de créditos hipotecario no fue con 30 años plazos sino de 20 y presentó un atraso de 4 meses. Ocho promesas estaban atrasadas y sólo dos cumplidas (https://www.clarin.com/politica/promesas-importantes-macri-lupa-cumplio_0_rklLkJImx.html) La inflación, por su parte alcanzó un 38,5% y un 25% en los años 2016 y 2017 respectivamente. Por su parte, el PIB que había crecido en un 2,7% en el 2015, presentó una reducción de -2.1 en el 2016. El gobierno de de la derecha en un año perdía una buena parte de su credibilidad.
La primera fase de la política económica: los errores de Macri.
Al asumir la nueva Administración, la atención se concentró “revertir la crisis de iliquidez de divisas, con la desregulación del mercado de cambios, la liberalización de los flujos transfronterizos de capital, la eliminación de los derechos de exportación y la resolución del conflicto con los denominados holdouts” ( CEPAL (2017) Estudio Económico de América Latina: Argentina).
Paralelo a ello, la Administración aplicó una política monetaria altamente contractiva alcanzando la tasa de referencia un máximo de 38%, la cual se fue reduciendo a lo largo del año hasta alcanzar un 24,8% en momentos en que las expectativas inflacionarias para los siguientes meses alcanzaban un 19,6% lo que aseguraría una tasa de interés real positiva. Esta política tuvo como efecto un fuerte ingreso de capitales extranjeros (inversiones de cartera y endeudamiento) lo que permitió una reducción del tipo de cambio de 4,6% hacia finales del año 2016 y un 8,6% adicional en el primer cuatrimestre del 2017.
En el campo fiscal la situación se agravó. El gasto público en el 2016 creció 38,2% producto de (1) incremento de las prestaciones sociales de la seguridad social +37,2% y (2) transferencias al sector privado, + 56% que incluían subsidios a los servicios públicos. Al mismo tiempo, los ingresos del sector público aunque crecieron en un 27% en términos nominales presentaron una fuerte caída en términos reales producto de la caída del PIB y la fuerte reducción de la carga tributaria: específicamente “la eliminación casi total de los derechos de exportación (a excepción de los de la soja y sus derivados), la disminución de la carga del impuesto a las ganancias sobre los salarios, la eliminación del impuesto a las ganancias sobre los dividendos y las utilidades distribuidas por las sociedades anónimas, la reducción del impuesto a los bienes personales (riqueza personal) y la devolución de una parte del impuesto al valor agregado (IVA) de las compras minoristas realizadas por los sectores más vulnerables” (Id.).
¿Cuáles fueron los resultados de esta política?
La reducción de impuestos en particular a los exportadores que disfrutaban de altos precios de sus productos disminuyó los ingresos tributarios desde 17,2 y 17,1% del PIB en los años 2015 y 2016 (primer año de gobierno de Macri) a 15,7% y 15% del PIB en los años 2017 y 2018. Los gastos corrientes del Gobierno Central alcanzaron un 21,4% del PIB en el último año del gobierno de Cristina Kirchner, estos subieron fuertemente a 23,6% del PIB en el 2016 (primer año de gobierno de Macri). De esa forma, si el déficit primario fue un -2,3 y – 1,9% del PIB en los dos últimos años del gobierno de Kirchner, éste subió a – 2,1% y a – 2,8% del PIB en los años 2016 y 2017. En suma, la situación fiscal había empeorado sustantivamente en los dos primeros años del gobierno de Macri.
En el contexto de una política monetaria contractiva, el PIB cayó en el 2016 en un -2,1%, cuestión que se revirtió en el 2017 al crecer la economía en un 2,7%. No obstante este crecimiento fue resultado en buena medida de un crecimiento inusitado de la deuda. En efecto, la deuda externa total pasó US$ 167 mil millones en el 2015 a US$ 181 millones en el 2016 y US$ 234 mil millones en el 2017. En lo que se refiere a la deuda externa del Gobierno Central, esta pasó de 13,9% como proporción del PIB en el 2015, a 17,7% en el 2016 y a 22,9% en el 2017. De esa forma, la economía crecía pero con un incremento insostenible del endeudamiento externo. Macri era víctima de las expectativas que había creado en su campaña presidencial. El hecho que llegara al Gobierno alguien como él, “pro business” era suficiente según su percepción para provocar un giro radical en las expectativas de los inversionistas nacionales y extranjeros. El alto endeudamiento no aparecía al presidente como problema, pues su gobierno atraería un tzunami de inversiones extranjeras y un retorno de los capitales argentinos que habían abandonado el país. Se corría eso sí un riesgo: que el entorno internacional cambiara y que el déficit fiscal global que alcanzó un 5,7% y 5,8% del PIB en los años 2016 y 2017, terminara creando incertidumbre a los agentes económicos.
El desencadenamiento de la crisis, el acuerdo con el FMI y el colapso del gobierno de Macri.
La fragilidad de la economía argentina hacia principios del 2018 era evidente. Dos acontecimientos desataron la crisis: las tasas de interés de los bonos de los Estados Unidos se incrementaron significativamente y una grave sequía afectó al sector exportador.
Estos eventos, en el marco de los desequilibrios que afectaban a la economía en los dos primeros años del gobierno de Macri, se tradujeron en una grave crisis cambiaria en el segundo y tercer trimestre del 2018 generándose una fuerte devaluación del peso, un significativo aumento de la tasa de interés, la aceleración de la inflación y una importante caída de los ingresos reales de las familias.
En este contexto, el gobierno estableció en junio del año indicado un acuerdo con el FMI para obtener préstamos “Stand By” por US$ 56 mil millones. El plan económico buscaba (1) restablecer la confianza “del mercado” que incluía un ajuste fiscal con el objetivo de reducir el déficit primario a un 1,3% del PIB en el 2019 y el equilibrio primario en el 2020. (2) Proteger a los sectores más vulnerables que incluía refuerzos de la red de protección social y aumentos en la asistencia social. (3) Reducir las tensiones en la balanza de pagos. (3) Afianzar la credibilidad del marco de fijación de metas de inflación del banco Central que entre otras cosas llevaría la inflación a un dígito al final del programa de tres años. (4) Reducir progresivamente las tensiones en la balanza de pagos.
La imposibilidad de cumplir con los objetivos indicados llevó a las autoridades a buscar un nuevo acuerdo con el organismo internacional el 26 de septiembre del 2018. El nuevo acuerdo aumentó los recursos disponibles hasta fines del 2019 a US$ 19 mil millones de dólares (que se utilizarían como respaldo presupuestario) elevando el total disponible en 3 años a US$ 57 mil millones. El compromiso fundamental del gobierno fue alcanzar el equilibrio fiscal primario ya no el 2020 sino que el 2019. Para el 2020 el gobierno se comprometía a alcanzar un superávit de 1,3% del PIB. (https://www.imf.org/es/News/Articles/2018/09/26/pr18362-argentina-imf-and-argentina-authorities-reach-staff-level-agreement)
¿Cuáles fueron los resultados de la política aplicada?
El PIB cayó en un 2,5% en el 2018. El déficit en la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos que había alcanzado una cifra de US$ 17 mil 600 millones en el 2015 subió a US$ 31 mil 600 millones en el 2017, pudiéndose en el 2018 reducir a US$ 27 mil 500 millones. Las exportaciones subieron ligeramente, pero presentaron un déficit respecto de las importaciones. La formación bruta de capital alcanzó un 16,2% del PIB, muy por debajo de las cifras superiores al 17% que había alcanzado en el período 2013 – 2016. El endeudamiento externo se disparó alcanzando una cifra de US$ 278 mil millones en el 2018. La inflación por su parte alcanzó un 47,1%. El gasto público corriente cayó de 22,2% del PIB en el 2017 a 21,2% en el 2018, lo que permitió una reducción a – 1,6% y -5,2% del déficit primario y global respectivamente. El problema es que los ingresos tributarios siguieron bajando, alcanzando apenas una cifra de 15% del PIB. Todo esto tuvo como consecuencia un incumplimiento de las metas fijadas en el acuerdo con el FMI.
Cuadro número 1
Como se observa en el cuadro número 1, los compromisos establecidos por el FMI y el gobierno estuvieron lejos de cumplirse. Se trataba sin duda de compromisos muy difíciles de alcanzar. Reducir el déficit fiscal primario a -1,6% del PIB fue dificilísimo y muy costoso en términos del serio ajuste que cayó sobre los argentinos. Según informaciones del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el gobierno habría alcanzado el equilibrio fiscal primario al superar los ingresos totales 30 mil millones de pesos los gastos primarios (pese al aumento de 33,8% que estos experimentaron). Crucial en este desempeño fue el aumento de los ingresos tributarios (43%), “recursos de capital (3067%) y otros ingresos (41,8%). Clave en este logro fueron las ventas de activo de empresas públicas por 44 mil 600 millones de pesos (https://www.infobae.com/economia/2019/07/12/dujovne-informara-el-resultado-fiscal-de-junio-a-la-espera-del-desembolso-del-fmi/). Sin este ingreso no permanente no se habría alcanzado el equilibrio.
Muy distinta fue la suerte de las otras metas. El PIB en el 2018 no creció un 0,4% sino que cayó en – 2,5; para el 2019 la CEPAL prevé una caída adicional de – 1,8%, mientras que el FMI espera una caída de – 1,3%. La inflación por su parte probablemente triplicará la cifra comprometida para 2019 si se toma en cuenta que la inflación llegó a 56,8% en el segundo trimestre y los efectos que tendrá la agudización de la crisis luego de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias) en que el tipo de cambio cayó en torno al 20% en el primer día post elecciones. Cifras igualmente malas se observan en relación con el empleo.
No obstante, y quizás más importante en el fracaso del acuerdo es la falta de credibilidad y los graves costos que había implicado la política aplicada en los dos primeros años. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) (https://chequeado.com/el-explicador/como-evoluciono-la-pobreza-con-cada-presidente/) la tasa de pobreza cayó de 31,4% en el primer semestre del 2016 a 25,7% en el segundo semestre del 2017. No obstante, al segundo semestre del 2018 dicha tasa subió a 32%. Algo similar ocurrió con la tasa de indigencia. Frente a esta evolución, la movilización de los distintos grupos afectados puso serios obstáculos al programa de ajuste.
Lo que ocurrirá en el campo económico en Argentina depende crucialmente de la actitud que asuman las diferentes fuerzas políticas. Los primeros días luego de las PASOs no son alentadores. El presidente, en la conferencia prensa dada en la tarde del lunes 12 de agosto puso énfasis en la grave caída de las acciones de las empresas argentinas ese mismo día (en promedio la caída fue de 37% que al día siguiente se recuperó en un 10%) y en el deterioro del tipo de cambio (en torno a 20%) queriendo demostrar con ello que los problemas radicaban en la falta de credibilidad de la oposición en los mercados internacionales.
Las declaraciones tenían mucho de campaña del terror y evidenciaban una total falta de autocrítica. La oposición por su parte, tenía a su favor el claro veredicto de las urnas; el propio discurso del presidente parecía confirmar que sólo los “mercados internacionales” y el FMI apoyaban su política todo lo cual les permitía afirmar que toda la crisis desatada el día después era resultado de las mentiras que se habían dicho a lo largo del Gobierno. Lo claro es que la situación argentina es extremadamente difícil. Sólo un amplio acuerdo de las fuerzas políticas puede enfrentar la crisis de gobernabilidad en marcha en un contexto en que el actual mandatario tiene un apoyo popular reducido y el próximo, con una clara mayoría, no es aún, ni siquiera presidente electo.