Opinión, Columnas

Transparencia, información y proceso constituyente

Por Gloria De la Fuente

Estamos en la cuenta regresiva. Queda menos de un mes para que se lleve adelante el plebiscito de entrada del proceso constituyente. Como todo parece indicar -aunque la prudencia señala que los votos se cuentan el día de la elección- se impondrá la opción apruebo y la convención constitucional. Muchos son los desafíos que tenemos por delante de cara al proceso que se abre después de ese hito.

En efecto, pasado el plebiscito se plantearán razonables dudas en torno a cómo la elección de constituyentes primero y la forma de funcionar, después, dará garantías para que efectivamente los ciudadanos sientan que están siendo representados en esa instancia por mujeres y hombres que sean la expresión de un amplio arco de sensibilidades y miradas de nuestra sociedad. Mal que mal, se trata de construir un texto que sea la expresión de una casa de todos y, en consecuencia, es un imperativo buscar espacios para que se produzcan consensos relevantes en torno a los contenidos del texto constitucional.

Respecto a la elección de los convencionales, deben desmitificarse las versiones circulantes que esto sería un “engaño” a la ciudadanía, porque se trata de un proceso de elección que emulará la elección de parlamentarios. Si bien se trata de la misma geografía electoral para la elección de parlamentarios (28 distritos) para elegir un número similar de constituyentes que en la Cámara de diputados, lo cierto es que existe la posibilidad única de que estos sean representativos de los territorios y de expresiones de las distintas organizaciones de la sociedad civil que están distribuidas a nivel nacional, donde además habrá un notable avance considerado que se tratará de un órgano paritario y donde existirá representación de pueblos originarios. Esto es un desafío de gran envergadura para los partidos políticos, que tendrán definitivamente que romper sus culturas cerradas para abrirse a nuevos liderazgos y así renovar la escasa confianza que la ciudadanía tiene hoy en ellos.

Es clave que la convención constitucional prevenga que se repliquen los vicios de la política que han sido denunciados por la ciudadanía durante el estallido social. Aun cuando se trata de una figura que puede pecar de ingenua, la representación de la “cocina” implica esta sensación ampliamente extendida que la decisión de los asuntos públicos ha sido relegada a unos pocos, sin representación popular real, donde sus conductas no son sujetas a escrutinio de ningún tipo porque se trata de una suerte de “casta de privilegiados”. Es por eso que el diseño del reglamento constitucional, que debe darse este propio órgano una vez que se instale, será clave para la confianza y la legitimidad, pero especialmente, para establecer mecanismos de transparencia, integridad y participación para poder asegurar de manera real el conocimiento de los asuntos que se discutirán. Entre las cuestiones que debieran empezar a discutirse, están, por ejemplo, una nueva señal de televisión abierta (para dar cuenta de los debates que se produzcan), pasando por la publicación de las declaraciones de intereses y patrimonio, registros de audiencias, viajes y donativos.  En suma, que los convencionales estén sometidos a los más altos estándares en materia de transparencia y probidad será clave para el ejercicio y la confianza de la función que cumplirán.

Más allá del plebiscito de salida, que será la consolidación del proceso, es también imperioso resolver como durante el proceso de discusión del texto constituyente será posible dar cabida a la participación ciudadana y a la posibilidad que eventuales procesos deliberativos, como vimos durante los cabildos autoconvocados post estallido social, sean un insumo a considerar por el órgano constitucional y sus miembros.

Sin ánimo de adelantar debates, es necesario que nos tomemos este proceso con la seriedad y la responsabilidad que se requiere. Para ello, ir adelantando escenarios será clave y más aún, ir tomando a tiempo las medidas que le den a este proceso la relevancia que tiene para nuestro sistema democrático.