Por Gloria de la Fuente.
Recuerdo que cuando era pequeña mi papá nos hablaba de los dogmas de la fe, aquel sistema de creencias que se dan por ciertas y que son irrefutables. Recordé eso en estos días no por un afán piadoso, sino porque lo que ocurrió esta semana con la aprobación del retiro de un porcentaje de los fondos de pensiones, es justamente eso: el fin de una verdad autoevidente y con ello el fin del temor atávico de mover ciertas estructuras del sistema de seguridad social. Y como ya ha quedado en evidencia por el anuncio que han hecho en las últimas horas varios senadores, que deberán ver el proyecto en los próximos días, se abrió una puerta que será difícil de cerrar. Así, con mucha seguridad se aprobará el retiro del 10% del fondo de pensiones y esto será probablemente la antesala de una reforma que espera hace muchos años ver la luz.
De antemano creo que esta no era la mejor idea que podían impulsar sectores que creen que el rol del Estado es insustituible para poder ir a paliar los costos de la crisis, más aún en un país que tiene una deuda pública baja y que todavía tiene cierta holgura para ir, vía transferencia directa, a hacerse cargo de paliar los efectos de la pandemia para una clase media vulnerable. Ese conjunto de personas que, frente a la pérdida del empleo y la ausencia real de un verdadero sistema de protección social, ha terminado finalmente haciéndose cargo sola de sortear de la mejor manera posible los efectos de esta situación. No obstante, lo que hay en este fenómeno no es sólo una cuestión económica, sino que un clamor por justicia reparatoria e imperfecta, y es en este registro que es preciso leer lo que ha ocurrido para visualizar con claridad el futuro.
Tendemos a olvidar con demasiada frecuencia -e interesadamente por algunos- que antes de la pandemia veníamos de un estallido social y que lo que este había hecho era poner en tela de juicio, en su más amplia expresión, el sistema que hemos construido. En ello, el debate sobre el sistema de jubilaciones, que estuvo en la antesala del 18/O como una cuestión presente, pero jamás resuelta, tuvo siempre un rol central. Las alternativas fueron varias: un fondo solidario, aumento en las pensiones, un aumento en las cotizaciones y hasta la creación de una institucionalidad pública para hacerse cargo de la cotización adicional. Se repitió hasta el cansancio, además, que los ahorros previsionales son del titular del ahorro, pero al mismo tiempo, hemos conocido las enormes dificultades que han tenido, por ejemplo, las personas con enfermedades crónicas o terminales para retirar sus fondos en momentos donde más los necesitan. Todos anuncios que a la fecha no han logrado solucionar de manera eficaz las bajísimas pensiones que tienen las personas en Chile. Como sucede hace un buen rato, los tiempos políticos no conversan con las urgencias de la ciudadanía, pero tampoco lo hace la visión y el análisis.
No obstante, si bien todo lo anterior era parte del mapa y parte de la indignación, la gota que terminó por rebasar el vaso fue la falta de visión de la autoridad presidencial para anunciar un paquete de medidas donde tres de sus cuatro componentes (crédito “blando”, CAE y postergación de dividendos) están sujetos a deuda personal y no a una ayuda directa del Estado, por más que este sea el aval. En un país donde el 66% de los hogares tiene alguna deuda y el 55% de esta es de consumo (según la última encuesta financiera de hogares del Banco Central), pasa a ser casi un absurdo que la solución venga por el lado de profundizar el problema.
Se ha abierto, en consecuencia, una puerta que será difícil cerrar y se corre un cerco respecto a lo que hasta hace poco era incuestionable. Si bien el destino no está escrito en piedra, hay en esto también una oportunidad, dada desde una urgencia, de repensar el tipo de Estado que queremos construir.