Durante el gobierno de Gabriel Boric (2022–2025), la seguridad pública se convirtió en una de las principales preocupaciones ciudadanas y desafíos para el Ejecutivo. Si bien las tasas de victimización se mantuvieron en niveles relativamente bajos respecto a gobiernos anteriores, la percepción de inseguridad alcanzó cifras récord, impulsando una agenda marcada por la presión mediática y legislativa. El gobierno respondió con la promulgación de 69 leyes en seguridad, el mayor número desde 1990, centradas principalmente en regulación penal, fortalecimiento institucional y control del crimen organizado.
El informe destaca cuatro ejes centrales: inteligencia y coordinación interinstitucional, uso de nuevas tecnologías, persecución del crimen organizado y descentralización con mayor rol municipal. A pesar de avances importantes, como la creación del Ministerio de Seguridad y el Plan Nacional de Seguridad Pública, persisten tensiones por la falta de reforma policial estructural, la sobrepoblación carcelaria y una implementación territorial desigual.
En territorios como la provincia de Arauco, la normalización del estado de excepción refleja la dificultad del Estado para abordar conflictos complejos sin recurrir a medidas extraordinarias. En suma, el gobierno ha iniciado un proceso de reordenamiento institucional en seguridad, con una dirección más estratégica y democrática, aunque aún enfrenta importantes desafíos para consolidar resultados sostenibles y efectivos.
