- La próxima Conferencia de Partes de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, (COP25) tendrá lugar en Chile entre el 2 y el 13 de diciembre abre la posibilidad de asumir el liderazgo en las negociaciones climáticas globales al Gobierno de Sebastián Piñera.
- Se espera una “climatización” de gran parte de los sectores productivos -minería, agroforestal, energía- y de parte de la agenda política – ley marco de Cambio Climático, legislación impositiva, etc-.
Chile es uno de los países con mayor vulnerabilidad al cambio climático al cumplir con siete de las nueve características que el panel de expertos de la Convención Marco de Naciones Unidas (IPCC) toma para determinarla. Para dimensionar los impactos se pueden señalar como ejemplos la mega sequía que ha afectado a la zona central durante los últimos años y la paralización de faenas mineras en febrero de este año debido a las inesperadas lluvias de las primeras semanas de febrero. Por ello, y durante los anteriores Gobiernos, la problemática está incorporada en ciertas instituciones políticas y, en especial, en el debate público. Durante el Gobierno de la presidenta Bachelet, el Consejo de Ministros de la Sustentabilidad aprobó tanto el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022, como diversos planes sectoriales de adaptación. A su vez, el país ha adoptado políticas estructurales como un impuesto verde a las fuentes fijas contaminantes que grava la emisión de dióxido de carbono, principal gas de efecto invernadero (GEI) que ya se aplica por segundo año, además de un sistema nacional de inventarios de gases de efecto invernadero que contiene la evolución de las emisiones desde 1990, y una política reconocida a nivel mundial de incorporación de Energía Renovable no Convencional a l matriz energética.
En el plano internacional, y en el marco que establece el Acuerdo de París, Chile estableció su Contribución Nacional (NDC[1]) de reducir emisiones de CO2 por unidad de PIB en un 30% al 2030, así como manejar sustentablemente y recuperar 100.000 hectáreas de bosque, junto con forestar otras 100.000 hectáreas, en su mayor parte, de bosque nativo. Al mismo tiempo, fue el primer país en presentar su Tercer Informe Bienal de Actualización sobre Cambio Climático en diciembre de 2018.
Previamente a la ratificación del país como sede de la COP 25, el Gobierno nacional anunció la tramitación de una Ley Marco de Cambio Climático que, según se anunció, debería consultarse públicamente en mayo de este año e ingresar al Congreso Nacional durante el mes de agosto. No existe claridad con respecto al contenido del proyecto, sin embargo, según las temáticas recogidas en las consultas previas, podría contener materias relativas a la planificación territorial, la integración del conocimiento científico, medidas de adaptación a nivel regional y local, impacto sobre el recurso hídrico, financiamiento climático, etc.
El liderazgo de Chile al asumir la sede y presidencia de la COP25 tras la baja de Brasil, sumado a la emergencia del cambio climático como prioridad en la agenda pública ha copado la agenda ambiental. Se espera que esta sea una “COP de la acción”, en palabras de la propia ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, que revise críticamente las contribuciones nacionales de cada país, especialmente después de que el último informe del IPPC encendiera alarmas con respecto a la posibilidad de cumplir el Acuerdo de Paris al actual ritmo de emisiones. Mediante la presidencia de la COP Chile buscará relevar expresamente siete temas, a saber: océanos; Antártica; electromovilidad; energías renovables; economía circular; ecosistemas y bosques; biodiversidad. El gobierno ha anticipado que buscará liderar un proceso de negociación de mayor ambición en las NDC, lo que significará potenciar alianzas público-privadas para la mitigación de los GEI y cambios futuros en la legislación. Para el sector empresarial, esto implicará adaptarse a nuevas regulaciones y desafíos estructurales.
A la fecha se han ido especificado compromisos y exigencias de diversos sectores productivos para cumplir efectivamente las metas de reducción de emisiones comprometidas por el país. Las grandes empresas, en general, muestran mayor capacidad de anticipación y adaptación que las medianas y pequeñas. Por ejemplo, para el sector agroforestal, los impactos del cambio climático significan adaptarse a un contexto de escasez hídrica, de cambios en plagas y enfermedades, de cambios en el desarrollo y productividad de los cultivos, de eventos climáticos extremos e incendios forestales, etc. Algo similar ocurre en el sector minero, que enfrenta la escasez hídrica, desastres naturales, deficiencias de infraestructura que no ha previsto los cambios climáticos en su diseño. Al mismo tiempo, en la industria minera se abran nuevas oportunidades cuyo correlato son las exigencias cada vez mayores del mercado internacional, como la producción de cobre verde con sistemas de trazabilidad independiente de su producción que incorporan diversas huellas o sellos: carbono, agua, territorial, comunitaria, Derechos Humanos, seguridad en el trabajo, igualdad de oportunidades y ética. En este contexto, CODELCO se plantea que hacia el año 2020 al menos 5% de su producción tenga trazabilidad, y hacia 2040, cerca del 100%. Por su parte, la discusión respecto a la Reforma propuesta al Código de Aguas y las nuevas facultades que concede a la Dirección General de Aguas[2] propuestas en 2011 se analizan nuevamente en un escenario hídrico crítico.
De igual manera, cobrará mayor relevancia el acuerdo iniciado enel Gobierno anterior con las empresas de la Asociación de Generadoras de Chile (AES Gener, Colbún, Enel y Engie) para no construir nuevas plantas de carbón en el país y, la creación de una Mesa de Descarbonización para establecer un cronograma al efecto. Dicha mesa concluyó su trabajo, y se está a la espera de la presentación de la calendarización efectiva para materializarla por parte del presidente Piñera, durante este primer semestre. Esto podría provocar la discusión respecto a la tasa del Impuesto Verde a las fuentes fijas, y a los mecanismos de compensación que hoy contempla.
Una de las
paradojas que producirá el cambio climático, es que a la vez que supone
condiciones adversas para la generación de hidroelectricidad, implicará un
aumento en la participación de la generación a carbón que este año, en un
escenario seco, rondaría el 40% según modelaciones del Coordinador Eléctrico
Nacional. La pregunta que se plantea en este marco, es si será posible
descarbonizar sin impactar en la seguridad del sistema, en los precios e inversiones.
[1] NDC: sigla por su denominación en inglés National Determinated Contribution, en castellano, Contribución Determinada a Nivel Nacional.
[2] Boletín N° 7543-12