El nuevo año comenzó con una información relativa a encuentros desarrollados en la casa del exalcalde Pablo Zalaquett, en donde participaron ministros junto a empresarios, y con el correr de los días, se fueron agregando parlamentarios de todos los colores políticos.
Pero analicemos los hechos. ¿Es reprochable que una autoridad se reúna con algún representante de un grupo de interés? No. De hecho, parte de su trabajo consiste precisamente en vincularse con todos aquellos grupos de la sociedad civil que tienen algún tipo de vinculación con la labor que desarrollan. En principio, no tiene ningún inconveniente que autoridades se reúnan con actores del mundo privado. Incluso, es más, uno desearía que así fuese.
Entonces. ¿Cuál es problema con que se realicen estas tertulias en la casa de un expolítico devenido en lobista?
Por de pronto, que en Chile tenemos una ley, la Ley N.º 20.730, que, teniendo bastantes vacíos, al menos cumple con dos objetivos claros. Primero, regular que estos espacios de encuentro entre autoridades y grupos de interés se desarrollen a través de un procedimiento determinado, vale decir, con plataformas, plazos, razones, excusas, etc. Segundo, conocer cuándo y con quién se reunió una autoridad, de modo de poder fiscalizar su desempeño.
Pues bien, despejado el objetivo de la ley del lobby, surge otra interrogante. ¿Debe cualquier reunión de una autoridad con representantes privados desarrollarse al alero de la Ley N.º 20.730? Evidentemente que, si conversan sobre el clima, no, pero aquellas reuniones que tienen como fin tratar temas que conciernen al grupo de interés, si, deben hacerse dentro del marco de dicha regulación.
Por último, el rol de Pablo Zalaquett. ¿Cuál podría ser el propósito de alguien que no es ni autoridad ni mandatario de grupos de interés, gestionar reuniones de estas características? Más allá de su biografía, cabe preguntarse por qué ejerce este rol de intermediario y por qué autoridades convienen en reunirse con representantes de gremios en la casa de un exalcalde que hoy en día no ostenta autoridad ni representatividad alguna. De muy buena fe, alguien pudiera creer que es únicamente debido a sus habilidades sociales y políticas. Pero cuesta creer eso. Luego, el argumento de que la política requiere parlamentar, dialogar, compartir en instancias sociales e informales, es válido, pero cuando el anfitrión es siempre el mismo y quien convoca, se rompe una de las reglas básicas de la legitimidad democrática. La representatividad.
Desde el momento en que autoridades y líderes empresariales aceptaron reunirse en la casa de Pablo Zalaquett bajo las condiciones propuestas por él, lo elevaron a la categoría de un poder fáctico, de un articulador de redes que las élites, públicas y privadas, validan como generador de espacios de diálogo. De alguien que tiene la aptitud de reemplazar los espacios de diálogo formal, entre otros, el propio Congreso.
Y ahí hay también un problema, ya que con ello se traiciona la fe pública y las pocas confianzas que aún quedan en la política. Más aun, cuando entre quienes participan de estos cónclaves hay autoridades de un gobierno que representa un mundo que fue, con razón, crítico de estas mismas prácticas.
Así entonces, y dándole la gravedad que tiene y no más, quienes asistieron a estas reuniones cometieron un error, y no porque sea malo que autoridades se reúnan a conversar de temas de relevancia pública, sino porque la formalidad de estas instancias tiene un propósito; el que la ciudadanía tenga la tranquilidad que, en el desarrollo de sus funciones, las autoridades actúan con transparencia y en busca del bien común. Ni más, ni menos.
